Abogados del Biobío analizan el impacto del Caso Audio y prisión preventiva de Luis Hermosilla
En la jornada del martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó la medida cautelar de prisión preventiva para la abogada, Leonarda Villalobos y para Luis Hermosilla.
Ambos abogados fueron formalizados por delitos tributarios, soborno y lavado activos, en el marco del Caso Audio. Además, se fijó una plazo de investigación de 180 días.
Tras esta noticia, diversos abogados de la Región del Biobío opinaron sobre la situación y entregaron su análisis respecto a esta situación.
El impacto negativo en el trabajo de los abogados tras caso de Luis Hermosilla
El director de la carrera de Derecho de la Universidad Andrés Bello sede Concepción, Boris Fiegelist, señaló que “es innegable que por la figuración pública e influencia de Luis Hermosilla en Tribunales, este caso causa un impacto muy negativo en la credibilidad y confianza de la sociedad en el trabajo de los abogados”.
Lo anterior, debido a que a su juicio, la opinión pública “tiende a suponer que gran parte de los abogados se comportan de la misma manera. Sin embargo, la realidad es que este tipo de casos son la excepción y tan sólo un número muy reducido del total de los juristas incurren en esta clase de comportamientos que sin lugar a dudas son reprochables y merecen la mayor sanción que los antecedentes del caso ameriten”.
Asimismo, enfatizó que esta situación “es muy preocupante”, ya que “estamos frente a una de las crisis de seguridad más severas que ha experimentado Chile en las últimas décadas. Es justamente en estos momentos donde requerimos que las personas confíen en el sistema de justicia”.
La importancia a bienes jurídicos que no son individuales
En tanto, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Dr. Christian Scheechler, comentó que en el caso de Hermosilla “es posible apreciar cómo se valora y se le da importancia a ciertos bienes jurídicos protegidos que no son individuales, que no responden a intereses de un sujeto individualmente considerado, sino que son propios del funcionamiento del Estado, del funcionamiento de la administración pública”.
“En el derecho penal, particularmente en el derecho penal moderno, se entiende que es legítima una norma en la medida que protege un bien jurídico, castiga una conducta. Por lo tanto, esta conducta puede lesionar o al menos poner en peligro un bien jurídico, eso legitimaría la intervención penal”.
Además, Scheechler explicó que en los casos de corrupción “estamos hablando de un fenómeno de primer término, en delitos como el soborno, cohecho, vemos la preponderancia que tiene la administración pública, por el impacto que esto tiene en la sociedad”.
En el caso de que una persona prefiera evadir impuestos porque considera que estos derivan en pagos irregulares a favores políticos, “no funciona, porque hay otros privilegiados que pagándole a un funcionario pueden tener una situación de privilegio. Entonces, el Estado no funciona y el ciudadano prefiere buscar estas otras vías alternativas”, sostuvo Scheechler.
Este caso "hace un daño tremendo", pero al mismo tiempo, "sirve para que no se repita"
Por su parte el abogado penalista de Concepción, Remberto Valdés Hueche, analizó la decisión que tomó el juzgado en torno a Luis Hermosilla y opinó que el caso “hace un daño tremendo”, pero al mismo tiempo, de manera más optimista “sirve para que estas cosas no se repitan”.
Bajo esa misma línea declaró que “el hecho que se ventile el tráfico de influencias para ganar un caso, el pago de sobornos para ganar un caso, también como una suerte de antecedentes, sirve para decir que es necesario que la capacidad profesional que se pone en el ejercicio de la justicia sea siempre el emblema que todos los abogados que ejercemos la profesión de la justicia, ofrezcamos en definitiva a nuestros clientes y por supuesto, al Poder Judicial”.
En cuanto al daño a la fe pública, Valdés comentó que es “tremendamente difícil poder sostener una situación como esta”, puesto que “si vamos a ganar o perder una causa, esto nunca debe depender de la capacidad de poder traficar influencia o sobornar a un funcionario público, cualquiera sea este”.
“Porque si no, de qué importan los estudios de derecho, el estudio de la doctrina, de la jurisprudencia, del esfuerzo profesional que uno no puede imponer frente a una casa. Sirven para nada, no resultan ni útiles, ni eficientes cuando se soborna al profesional que debe ser aquel que debe entregar por ejemplo un informe pericial, una información coherente, armónica, fidedigna, etc.”, sentenció Valdés.
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