Municipios del Gran Concepción descartan aplicar detectores de metales en colegios

Diversas repercusiones generó la determinación de la Municipalidad de Lota, para instalar paletas detectoras de metales en los accesos a dos colegios municipales de la comuna.

Fue el propio jefe comunal minero, Patricio Marchant, quien justificó la iniciativa en los últimos hechos de inseguridad que se han producido en los recintos educacionales de la comuna, uno de ellos finalizó con un estudiante fallecido.

Eso sí, esta idea podría quedar en anda, puesto que la Superintendencia de Educación adelantó que rechazará todo gasto relacionado a la adquisición de estos elementos. Dicha decisión trajo diversos cuestionamientos por parte de las autoridades locales.

Desde la Defensoría de la Niñez, son enfáticos en que “el uso de los detectores de metales en establecimientos educacionales infringe los estándares internacionales en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, porque el procedimiento que se adoptare para la utilización de detectores de metales, puede repercutir en el acceso al establecimiento educacional y por tanto, afectar directamente el derecho a la educación”.

Bajo este escenario, el defensor de la Niñez, Aunar Quesille, aseveró que “esta medida no cumple con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida para regular o limitar derechos humanos, se requiere que el sistema asegure la calidad de la educación (Mineduc y Superintendencia de Educación) y que fortalezcan las leyes y políticas en materia educacional y de convivencia”.

Medida no compartida

Pero los alcaldes de otras comunas del Gran Concepción consideraron que existen otros métodos para controlar los hechos de inseguridad en los colegios, como potenciar las rondas de los equipos de seguridad municipal, reuniones con los centros de padres para focalizar acciones, entre otras medidas.

El alcalde de Talcahuano, Henry Campos, explicó que “aplicar hoy una medida de estas características significa una logística distinta, mucho más compleja, porque si suena una mochila por un detector de metales la pregunta es quién va a hacer la revisión, se va a exponer el funcionario, se va a exponer el propio profesor, el propio director, el propio asistente de la educación a revisar la mochila de alguien que pueda tener un arma. Entonces eso es mucho más complejo y más complicado”.

En ese sentido, Campos es claro en que “no hemos pensado hoy día poder aplicar una medida de esas características, creo que tenemos que ver las experiencias que se han aplicado en otros lugares con respecto a estas mismas situaciones en establecimientos educacionales. Todas estas medidas requieren mayor recurso e incluso podrían requerir la contratación de personal de seguridad de los establecimientos educacionales para que puedan hacer la revisión”.

Mientras que para su par de Hualpén, Miguel Rivera, apuntó al diálogo como forma de trabajo en este tipo de hechos. “Lo que hemos hecho no es poner precisamente paletas, sino que hemos trabajado con los centros generales de padres y apoderados, además hemos instalado cámaras de la vigilancia en los alrededores de los distintos establecimientos educacionales”, comentó.

Rivera agregó que “bajo nuestra lógica de trabajo no la aplicaríamos porque volvemos a reiterar el trabajo que para nosotros es importante, lo que podemos realizar con los centros generales de padres y apoderados y llegando a consenso con todos los actores de la educación municipal sobre cómo podemos afrontar ciertas situaciones que son complejas. Pero ese tipo de medidas extremas, yo creo que no llegaríamos a implementarlas”.

Para el presidente de la ARMBB, Álvaro Ortiz, la decisión de Marchant no es buena, ya que “no debemos ponernos creativos en periodos electorales para instalar este tipo de elementos en los colegios, cuando no tenemos la autorización de las instituciones para instalar estos elementos, la situación de seguridad de los colegios es algo prioritario en los comités de seguridad”.

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