Con millonarios acuerdos y sin ningún día en la cárcel: Así finalizaron las investigaciones por incendios forestales con ejecutivos de empresas eléctricas formalizados
Durante este lunes 18 de marzo, en el Juzgado de Garantía de Nacimiento, se está realizando la audiencia de formalización en contra de un supervisor de la empresa Coelcha y un contratista de la misma, a quienes se les imputarán delitos ligados al incendio forestal de Santa Ana, que consumió más de 185 mil hectáreas en el verano de 2023, y dejo 17 personas fallecidas entre Nacimiento y Santa Juana.
Eso sí, no es primera vez que el Ministerio Público lleva al banquillo de los acusados a funcionarios o representantes de empresas eléctricas por sus responsabilidades en incendios forestales, cuyas causas judiciales han tenido el mismo destino.
Nos remontamos a abril de 2017, cuando en el Centro Cultural de Peralillo, la Fiscalía Regional de O'Higgins formuló cargos contra tres ejecutivos de la CGE, a quienes se les imputó el delito de incendio. La causa, finalizó con una salida alternativa, donde la empresa pagó indemnizaciones por montos cercanos a los $13 mil millones a los afectados, además de otros $150 millones a Bomberos.
El fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, comentó a Sabes que “la penalidad asociada a estos delitos que era el incendio bajo la Ley de Bosques en el mejor de los casos habrían sido 541 días respecto a todo ejecutivo y luego de eso habría comenzado un largo proceso de cinco o hasta 10 años de una indemnización civil, que tendrían que haber ejercido las víctimas independientemente. En consecuencia, cuál era el objetivo nuestro como fiscales más que obtener una condena, la cuestión nuestra es buscar una adecuada solución del conflicto penal y la solución del conflicto penal pasaba por indemnizar a las víctimas”.
En el Maule, también hubo imputación de cargos a tres ejecutivos de CGE por el mega incendio que afectó a Santa Olga en 2017. En ese entonces, el Ministerio Público también ofreció una salida alternativa a los imputados quienes pagaron cerca de $2.500 millones a modo de indemnización a las víctimas.
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