“Biobío vive sano”: El programa financiado por el Gore Biobío sin respaldo de ejecución

Un contundente preinforme fue el que entregó la Contraloría al Gobierno Regional del Biobío hace algunos días, en donde se analizaron una serie de convenios que firmó esa institución con organizaciones de la sociedad civil.

Uno de los más cuestionados, es el que se firmó el 30 de junio de 2022 entre esa institución y la Fundación Bonhomía, para ejecutar el programa “Política regional para promover el bienestar: Biobío vive sano” por un total de $356 millones.

La entidad presentó dos rendiciones de cuentas, una por $89 millones y otra por $267 millones, las que fueron aprobadas en su totalidad durante el primer trimestre de 2023, por lo que al interior del Gore se encuentra finalizada administrativamente.

La Fundación presentó como rendiciones 44 facturas y dos boletas de honorarios, todas ellas careciendo de la documentación que respalden los bienes contratados o la correcta ejecución de los servicios contratados.

Un ejemplo de esto son las facturas de las empresas “Inversiones Chicureo Ltda” y “Lahsen y Lahsen Ltda” que son generales y no presentan un detalle de los servicios que fueron prestados por dichas entidades. Tampoco existe por parte de la Fundación una nómina de los asistentes a las actividades que se habrían realizado en el marco del programa, solo cifras sin respaldo de ellas.

Empresas de hermanos y gastos sin detalles

Una de las alertas que tiene la Contraloría apunta a la distribución de los fondos del programa.

Esto se debe a que el 81.2% de los dineros, $289,1 millones, corresponden a facturas emitidas por empresas de propiedad del coordinador técnico del programa, Jorge Mizon Hidalgo y su hermano, Benjamín Pavón Hidalgo.

Ambos son hijos de Ana Hidalgo, conocida en el mundo político como “Manola”, quien ha incursionado con dos candidaturas como concejal por la comuna de Chiguayante, sin obtener el cupo. El primer intento fue en 2008 por RN y  el segundo en 2021, por Republicanos, partido en el que milita, pero sin participación activa.

Una de estas empresas en la que ambos hermanos mantienen propiedad es “Luz Verde SpA”, la que entregaría una serie de servicios, entre ellas capacitaciones, charlas nutricionales, ferias interactivas, alojamientos, entre otros. Eso si, ante el SII, la mencionada empresa registra el giro de “Servicios de Publicidad prestados por empresas”, lo que no se relaciona con el objetivo del contrato del programa.

Otra duda que surge por parte de la Contraloría se refiere a la tercerización de los servicios que se debían realizar por el programa, ya que el 97% del monto transferido en diciembre de 2022 fue a parar a otras cuentas bancarias.

Desde el Gobierno Regional declinaron referirse a esta situación, al igual que en los otros casos, ya que se trata de un informe confidencial.

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