Permisología crónica
Hace pocos días el gobierno anunció el ingreso de la ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, iniciativa que busca bajar los plazos para que los proyectos de inversión, públicos y privados vean la luz en el menor tiempo posible. Además, se plantea la disminución del número de permisos en aproximadamente un 30%, lo que según datos de la Comisión Marfán, implicaría un aumento del PIB de 2,4 puntos en 10 años
En efecto, la sobre regulación (380 permisos distribuidos en 16 ministerios y 38 servicios) y la dilatación en la entrega de respuestas por parte de la administración han generado que muchos proyectos fracasen, lo que está afectando la productividad y la capacidad de generar riqueza en nuestra economía, algo que el gobierno está entendiendo como indispensable para el bienestar de la población y para el financiamiento sostenible del gasto público.
Dentro de las mismas propuestas, se crean cinco tipologías, cada una con un tope de permisos y tiempos de tramitación. Todo esto suena hermoso, sin embargo, es importante poner atención en los detalles. Hoy el Estado es un monstruo enorme, con vida propia, pero más bien ciego e indiferente frente a sus miserias y defectos. Gran parte de los atrasos en los ministerios sectoriales es porque hay uno o dos funcionarios que revisan cientos de expedientes, y si uno cae con licencia médica, el caos es peor aún.
Súmele a eso la alta rotación en cargos de primer y segundo nivel jerárquico, y, por ende, el poco control sobre estos procesos. Lo que quiero decir es que la administración pública no tiene la capacidad ni la cultura organizacional para cumplir con el mandato de esta ley, y para eso, me valdré de un reciente ejemplo. Todos recordamos la promulgación de la ley que obligaba al Estado a pagar en menos de 30 días a sus proveedores (ley 21.131) ¿Qué ocurrió en la práctica? Que muchos servicios públicos se las arreglan para burlar esta norma, por ejemplo, aumentando el plazo de recepción en obras de inversión, lo que extiende dentro de la relación contractual el pago de los avances, lo que transgrede (por la vía administrativa) el sentido de la ley.
Disminuir permisos y sus plazos es algo que varios países desarrollados realizan, ya sea desde la simplificación del ejercicio regulatorio, por ejemplo, en Australia se hizo el “Repeal Day”, donde se eliminaron 10 mil reglamentos y 3.600 leyes; o desde acciones más permanente en el tiempo, como el caso coreano, donde se creó el “Sunset Rule”, que significa que ciertas leyes van a ser revisadas cada 10 años para ver si funcionan o no. Por otro lado, en Inglaterra y Canadá por cada ley que se crea se tiene que bajar la carga regulatoria de otra ley.
La buena noticia es que existe cierto consenso político de que el exceso de regulación no garantiza (por sí sola) la protección de los intereses del Estado, sobre todo cuando se obstaculiza la colaboración público-privada. La creencia de que el sector privado solo cuida sus intereses, siendo ajeno a la construcción del bien común, es algo que parece cada vez más en retirada. Depende ahora del Estado crear las condiciones para que la trasformación sea efectiva, y no una mera declaración de buenos deseos, de lo contrario, la anunciada ley será otra ley muerta.
