Informe del INDH advierte que están en peligro el acceso a la educación y la libertad de religión en la Macrozona Sur

Vulneración a los derechos humanos cometidos por parte de agentes no estatales, es decir, entre particulares, es parte de lo que constató una investigación realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en regiones del sur de Chile, denominada también como Macrozona Sur a raíz de los hechos de violencia que se registran desde hace años y que puede desencadenar en un “desplazamiento forzado interno”, según advierten.

Es que el derecho a la vida, a la integridad física, al acceso a la educación, a la libertad de religión y a la libre circulación, son algunos de los derechos fundamentales que están siendo vulnerados, en desmedro que las personas que habitan en esta zona del país.

Se trata de, principalmente, las provincias de Malleco, en La Araucanía, y de Arauco, en el Biobío, donde el INDH corroboró "la ocurrencia de delitos de una violencia que no está presente en esta magnitud y gravedad en otras zonas del país", por lo que se ha creado "un escenario de vulneraciones de derechos” donde, a su juicio, las respuestas del Estado para prevenir violencias “siguen siendo insuficientes".

"Hechos como incendios a establecimientos públicos; conflictos entre los agricultores pueblos originarios y las policías (PDI y Carabineros); cortes de caminos; robo de madera y sus diversas consecuencias, reflejan múltiples vulneraciones de derechos a diversos grupos sociales y étnicos de la zona", afirma el informe.

Por lo mismo y aunque el documento reconoce que durante 2022 algunos delitos descendieron en cantidad, el INDH expresó que "mientras existan delitos violentos, independiente de su frecuencia, el impacto en la percepción de las personas será significativo al afectar y alterar su vida cotidiana".

Los derechos más afectados de los habitantes de la Macrozona Sur

El estudio realizado por el INDH hizo hincapié en los derechos fundamentales de las personas que habitan en estas provincias de la Macrozona Sur, y que están siendo vulnerados.

Entre ellos destaca el acceso a la educación, debido a los establecimientos educacionales que han sido objeto de ataques incendiarios y las escuelas que han sido quemadas, con especial énfasis en las zonas rurales pues "son las más afectadas por la inseguridad en el trayecto y los ataques".

Al respecto, indicaron que el Estado tiene la obligación de "adoptar medidas que eviten que el derecho a la educación sea obstaculizado por terceros", así como también a "asegurar que las instituciones y planes de educación sean accesibles a toda persona".

Asimismo, se indicó que en cuanto al derecho a la libertad de religión, los hallazgos permiten establecer la existencia vulneraciones a raíz de las "múltiples expresiones de violencia", como "los ataques en contra de sitios sagrados indígenas e iglesias cristianas".

Además, sobre el derecho a la circulación y residencia, el INDH observó problemas en "las obligaciones del Estado de respeto y garantía, frente a la situación que viven algunas personas que habitan en la zona”.

¿Posible desplazamiento interno?

Cabe recalcar que la investigación detectó una brecha en cuanto al “respeto y garantía” del derecho a la seguridad personal, tanto de la vida como de la integridad, advirtiendo incluso la posibilidad de un desplazamiento interno de las personas que viven en la zona.

En esa línea, el informe llamó a que el Estado de Chile "actúe con la debida diligencia, toda vez que se observan situaciones que ameritan la intervención estatal para prevenir lo que se configura un potencial desplazamiento forzado interno, causado por actos cometidos por particulares y frente a los cuales el Estado no actuó diligentemente".

La necesidad del actuar del Estado

La investigación concluyó, entre varios aspectos, que es una obligación del Estado proveer condiciones de seguridad a todos los habitantes del territorio. Al mismo tiempo, reconoció que “existen grupos de especial protección, como los pueblos originarios”.

“La obligación de garantizar la seguridad ciudadana por parte del Estado es uno de los derechos más demandados por la ciudadanía, aspecto que se acentúa aún más en regiones con altos niveles de delitos violentos”, expusieron.

Por lo anterior, el INDH llamó al Estado a “investigar y sancionar aquellos delitos que vulneran los derechos analizados en este informe”, mediante “una mayor calidad del análisis delictual” que “podría contribuir a obtener un diagnóstico más acertado de las causas de los hechos violentos y, como consecuencia, podría mejorar la convivencia entre los habitantes de la zona”.

Sin embargo, el estudio advierte que “es fundamental diferenciar qué delitos podrían estar asociados a causas del conflicto con los pueblos originarios y cuáles son delitos comunes ligados a organizaciones criminales”, recordando a los carabineros que fueron detenidos en septiembre por sus vínculos con miembros de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), en la provincia de Arauco.

“La reciente revelación de la participación de funcionarios de Carabineros en la comisión de estos ilícitos, sólo dan cuenta de la complejidad y aristas del fenómeno. Por tanto, no todos estos hechos estarían vinculados a las deudas históricas de los pueblos originarios, sino más bien responderían a una delincuencia común contra la propiedad. Los beneficios derivados de estos delitos podrían responder a intereses particulares de quienes cometen los delitos y no a causas colectivas de grupos específicos”, puntualizaron.

Los lugares más afectados por la violencia en la Macrozona Sur de Chile

La investigación del INDH apuntó hacia dos regiones como las zonas que más cantidad de hechos de violencia registran. Se trata del Biobío y La Araucanía, pero advierten que esta situación no afecta de la misma forma a todo el territorio de esas dos regiones, sino principalmente a las provincias de Malleco y Arauco.

“Otra situación se vive en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde suceden hechos tan graves como en el resto de la macrozona, pero con menor frecuencia, con la excepción de Palena que presenta un mayor nivel en algunos delitos”, agregaron sobre aquello.

Además, el instituto enfatizó en la necesidad de otorgar un tratamiento "diferenciado" al problema, con "adopción de medidas específicas, desde políticas sociales y de control del orden público, según zonas y atendiendo a la pertinencia territorial".

En ese sentido, desde el INDH realizaron un llamado a los municipios de la zona a recomponer el tejido social.

“Si el objetivo es alcanzar mejores niveles de convivencia y paz, en los ámbitos de carácter más social y económico, el rol de los municipios es clave en materia de prevención y recomposición del tejido social (…) pero muchas veces carecen de los recursos financieros y humanos necesarios. En consecuencia, tanto el gobierno central como las gobernaciones regionales poseen una responsabilidad en proveer estos recursos”, concluyeron.

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