Seguridad, un derecho constitucional

La sociedad chilena ha acostumbrado a ejercer su libertad, lo hacemos como si fuese parte de nuestro ADN; nacemos, crecemos y vivimos así, sea cual sea la circunstancia. Amamos nuestra libertad y la ejercemos así, no temíamos a hacerlo, sin embargo, desde hace unos años esa libertad se ha visto amenazada.

Debemos recordar que la Constitución establece obligaciones y límites al poder del Estado y, a su vez, garantiza derechos y libertades. El anterior proceso se caracterizó por garantizar un catálogo de derechos que sobredimensionaba el poder en el Estado, lo que, consecuentemente, se traduciría en Estado aún más grande que, por añadidura, tendría que aumentar el pago de  impuestos para financiar aquella orgánica funcional.

Pero ¿qué tan importante pueda ser garantizar la libertad? Pues bien, si queremos ejercer nuestros derechos lo debemos hacer en libertad y en línea con ello. Aquello solo se logra posicionando a la seguridad como piedra angular en el deber de Estado. Tal como lo expresó Max Weber en el siglo XIX, sin seguridad no podremos ejercer ninguna de nuestras libertades.

Desde siempre los constitucionalistas han representado ideas en línea con lo anterior, lo cual tiene toda lógica. La seguridad, como derecho fundamental consagrado en la Constitución, viene a asegurar el desarrollo de la libertad de las personas, de la mano de la dignidad y la supervivencia como características del ejercicio personal de las actividades humanas.

En este nuevo proceso que busca redactar una nueva Constitución y proponer una Carta Magna que guía a nuestro país por al menos los próximos 50 años, debemos incorporar aquellos elementos fundamentales para que el ejercicio de las libertades personales sea garantizado con independencia de cualquier gobierno de turno.

Se ha esbozado por estos días que la redacción de la Constitución no debe atender a la contingencia de un momento determinado. Por cierto, que es verdad, pero siempre será una preocupación mayúscula contar con seguridad, elemento que es encargo del Estado, intrínseco a sus funciones y atribuciones. Por tanto, será tarea de todos establecer mecanismos que fortalezcan ese rol del Estado y se traduzcan en apoyos al actuar de las Policías, Carabineros y PDI. No podemos concebir la seguridad sin incorporar a las instituciones públicas que tienen la misión de resguardar el orden público y perseguir los delitos como auxiliares de la ley.

En suma, debemos recoger el sentir de las familias más allá de la contingencia, con el entendido que garantizar la seguridad es un bien público que se ha visto lesionado desde un tiempo a esta parte.  Vivir libres y en paz también es un derecho fundamental.