Editorial: Una autoridad requerida por la justicia no debiera poder ejercer su cargo
Si un ministro de Estado, un juez de la República o un fiscal del Ministerio Público o un concejal protagonizan un robo hormiga en un supermercado, un delito de conducción en estado de ebriedad con personas lesionadas, una estafa o cualquier otra circunstancia penada por la justicia ¿puede seguir siendo funcionario público?, la respuesta es si.
Son lamentablemente numerosos los casos de autoridades que en el ejercicio de su cargo han cometido faltas o delitos y no pasa nada.
En el Biobío tenemos el caso del concejal de San Pedro que manejando en estado de ebriedad colisiona otro móvil en uno de los puentes, tenemos un General Director de Carabineros que es interrogado por una fiscal y decide guardar silencio (un derecho consagrado para todos los chilenos), es decir el jefe de la policia uniformada decide sencillamente no colaborar con la investigación. Y ¿qué pasa en estos casos?, nada, no pasa nada.
No cuestionamos la labor del General Yañez como Director General, puede estar cumpliendo una muy buena gestión, pero estimamos no es posible que una persona ejerza su cargo de función pública con este antecedente. Todo se ensucia lamentablemente.
Necesitamos autoridades probas, que debieran ser ejemplos de rectitud y moralidad.
¿Puede una persona equivocarse en la vida y cometer un delito y tener derecho de arrepentirse y cambiar su vida?, por supuesto, pero creemos que el estandar para las autoridades electas o designadas debiera ser superior.
A continuación editorial del medio Sala de Prensa sobre este tema
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