Este viernes la Fiscalía de Perú confirmo que inició casi una docena de investigaciones con el objetivo de determinar a los “responsables” de la muerte de 41 civiles y un policía, en el marco de las protestas que se registran en ese país desde el pasado 7 de diciembre.
También se busca establecer en las responsabilidades por las heridas que sufrieron cientos de personas en medio de las manifestaciones, y también esclarecer las circunstancias se produjeron las detenciones.
La Fiscalía de Perú informó que las 11 indagaciones preliminares contemplan los violentos choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en las regiones sureñas de Puno, Cusco, Arequipa, Apurimac y Ucayali. Actualmente son las ciudades que concentran los principales focos de protestas, además de Lima.
Estas indagaciones marchan en paralelo a la investigación que se anunció esta semana contra la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.
Los antecedentes que maneja la Fiscalía de Perú indican que se registraron 355 civiles y 176 policías heridos, además de 329 detenciones de ciudadanos durante las protestas de diciembre y enero. En estos casos se contemplan los delitos de disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y obstáculo al funcionamiento de servicios públicos.
Distintos grupos de derechos humanos acusan a las Fuerzas Armadas y a la policía peruanas de usar armas de fuego mortales y lanzar bombas lacrimógenas desde helicópteros. El Ejército justifica estas acciones argumentando que los manifestantes han usado armas y explosivos caseros, sobre todo en la región andina sur.
Las masivas protestas estallaron luego de la destitución del presidente Pedro Castillo, que intentó el 7 de diciembre disolver el Congreso. En las calles, los manifestantes claman una nueva Constitución y la libertad del expresidente, quien está en prisión preventiva por “rebelión”, lo cual él niega.
