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De visita en la comuna de Lota, Región del Biobío, el ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, afirmó que están analizando la información filtrada tras un hackeo al Estado Mayor Conjunto. El secretario de Estado precisó que eventualmente accionarán judicialmente contra quien difunda datos que infrinjan la Ley de Inteligencia.

Tampoco descartó la posibilidad de que esta información sustraída afecte el despliegue de las Fuerzas Armadas con ocasión del Estado de Emergencia entre el Biobío y La Araucanía. "Como ya es sabido, ha aparecido información respecto a información que las Fuerzas Armadas compartían en términos de lo que ocurría en la Macrozona Sur. Seguramente esa información será conocida con mayor rigurosidad y precisión cuando se tenga el análisis de toda la información sustraída de los correos", dijo.

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"Estamos hablando de cerca de 400 GB"

"Es evidente que lo que ocurrió no debió haber ocurrido y constituye un hecho grave. El sistema de correos electrónicos que utiliza el Estado Mayor Conjunto, tenía vulnerabilidades (...) Estamos hablando, más menos en promedio, de cerca de 400 gigabytes. Yo diría que recién se está pudiendo saber el conjunto de informaciones y qué áreas de la seguridad se vulneraron", sostuvo el Ministro (s).

Para iniciar una eventual acción penal, Monsalve indicó que "hay que ver si es que está vulnerada la Ley de Inteligencia y eso depende del tipo de información que ha sido revelada. De acuerdo a eso habrá que actuar. Hay información reservada que no es necesariamente información secreta; y esa es la discriminación que hay que hacer en el análisis de la información sustraída. Ese análisis está en curso".

La autoridad enfatizó que es materia de investigación la información entregada en primera instancia por el Estado Mayor Conjunto al Ministerio de Defensa, por una eventual omisión sobre el hackeo.

"Esto está siendo aclarado. Si la información de la vulnerabilidad se entregó después del hackeo, es evidente que no se entregó toda la información. Porque no es la misma situación que a una autoridad se le informe de que el sistema es vulnerable y por lo tanto se tome la decisión política para entregar recursos para cerrar la vulnerabilidad, que fue lo que se hizo, a que se le hubiese informado de que había una sustracción de información relevante para la seguridad del país. Evidentemente lo segundo no se hizo. Una situación de esta gravedad y naturaleza debería haberse informado formalmente, o sea, por escrito y eso no ocurrió", concluyó.

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