Suprema reitera que Delegación Presidencial del Biobío debe evitar hechos de "violencia rural"
La Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto por víctimas de "violencia rural" y ordenó a la Delegación Presidencial del Biobío adoptar las "coordinaciones necesarias" para prevenir y evitar los ataques incendiaros en la región.
En fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal, revocó la sentencia impugnada, dictada previamente por la Corte de Apelaciones de Concepción; y en su lugar, acogió la acción cautelar al considerar que "existen riesgos evidentes de afectación al derecho a la integridad física, psíquica, libertad ambulatoria y de propiedad de los recurrentes".
Cabe destacar que la resolución del tribunal de alzada penquista revocó una medida de protección emitida por la Fiscalía Regional de Biobío, mediante la cual se disponía a personal de Carabineros para hacer rondas periódicas en las propiedades de las personas sindicada como "víctimas de violencia rural".
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Frente a ello, los afectados decidieron interponer un recurso en contra de la Delegación. "No puede perderse de vista que el enfoque primordial debe estar en la adopción de medidas tendientes a prevenir tales contingencias para el caso concreto, por cuanto advertida la falta de eficacia de las políticas implementadas para enfrentar este tipo de sucesos, cabe demandar de la autoridad facultada que adopte las medidas de resguardo que se requieran, conducentes a evitar las consecuencias perniciosas a que se han enfrentado el conjunto de recurrentes, a causa del particular conflicto desarrollado", señala el fallo.
Hechos de violencia rural en el Biobío constituidos en 2021
Cabe destacar que si bien el dictamen de la Corte Suprema aplica sobre las actuales autoridades a cargo de la Delegación; los recursos de protección interpuestos responden a hechos de violencia constituidos en 2021, es decir, durante la administración anterior.
Así las cosas, el máximo tribunal del país resolvió que "la Delegación Presidencial Regional, al tenor de sus facultades entregadas por la Ley N°19.175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, deberá –previa coordinación con las carteras ministeriales e instituciones correspondientes– implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas recurrentes que han visto amagados sus derechos, con miras a evitar el acaecimiento de este tipo de sucesos en su contra".
La Tercera Sala del máximo tribunal estuvo integrada por los ministros y ministras Sergio Muñoz; Ángela Vivanco; Adelita Ravanales; Mario Carroza y Jean Pierre Matus (único voto en contra).
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