Condenan a estafador penquista que engañó a 151 familias prometiéndoles casa propia en el Biobío
Durante tres años concretó 151 estafas que perjudicaron a quienes establecieron contacto con él. Las promesas -falsas- de la casa propia en el Gran Concepción y otras comunas del Biobío, motivaron a estas personas a entregarle dinero por un terreno o la construcción de una vivienda.
Se trata de Héctor Agüero Valdés (47), condenado a cinco años de libertad vigilada por su irreprochable conducta anterior y colaboración eficaz. Tras ocho meses de prisión preventiva, Agüero obtuvo esta pena, la más alta que se le podía imponer en un juicio abreviado.
Entre 2013 y 2016 cometió los delitos utilizando la puesta en escena de una empresa de arquitectura denominada ARQ2.
De esta forma, ofreció a la venta falsos proyectos habitacionales a particulares y a comités de allegados. Las víctimas pagaron montos de dinero con la finalidad de concretar la presunta reserva de su vivienda.
Las estafas ascienden a un total de casi 100 millones de pesos.
La fiscal Pamela Lillo, de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Concepción, explicó que el sujeto “llega a incumplir uno de los requisitos que le imponga la autoridad durante estos cinco años, la libertad puede ser revocada”.
El sueño de la casa propia: el modus operandi del estafador
Héctor Agüero estafó a víctimas que acudieron a él para la construcción de sus viviendas, como fue el caso de un matrimonio que lo contactó por la confianza que le generaba, ya que tenía una relación sentimental con un familiar.
Asimismo, engañó a un empresario contratista a quien le pidió dinero a cuenta de las supuestas obras de reparación de más de un centenar de viviendas que le aseguró haberse adjudicado con el Serviu, lo que nunca fue real.
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La fiscal Lillo detalló que se logró determinar que las víctimas preferidas de este estafador eran allegados. “Ofrecía un proyecto habitacional de una determinada cantidad de casas. Les decía que iba a construir viviendas. A algunas les ofreció terrenos supuestamente autorizados para construir allí, cobrándoles diversos montos a modo de reserva”, explicó la persecutora.
Sin embargo, también ofreció sus supuestos servicios “a personas con un poco más de poder adquisitivo para construirles en terrenos propios. Ofrecía casas prefabricadas y también terrenos. Les cobraba el pago de un adelanto sin tener como persona natural ni representante de empresa alguna, las capacidades técnicas ni económicas para llevar a cabo este negocio”, afirmó Lillo.
La fiscal señaló que en caso de disconformidad con lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Concepción, las víctimas tienen posibilidad de presentar los recursos procesales que estimen conveniente.
