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La Asamblea de Ecuador resolvió este jueves conceder la amnistía para 268 personas. Entre los beneficiados hay líderes indígenas y activistas, procesados por participar en una protesta social y por defender derechos ambientales. El gobierno ecuatoriano calificó la decisión como "un acto de injusticia".

La medida se tomó con el respaldo de 99 legisladores que votaron a favor, luego de un largo debate que concluyó la madrugada del jueves. Otros 16 asambleístas votaron en contra y 10 se abstuvieron.

La amnistía beneficia a líderes del movimiento indígena, entre ellos el presidente de la organización CONAIE, Leonidas Iza. También se favorecieron miembros del partido político del expresidente Rafael Correa, a quienes se les investigaba por participar en violentas protestas en octubre del 2019 contra medidas de austeridad impuestas por el entonces presidente Lenín Moreno.

"Estos resultados van a reconciliar al país", dijo la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, del partido indígena Pachakutik, al cerrar la sesión.

La mayoría de los beneficiados tenían investigaciones abiertas por presuntos delitos relacionados con la defensa de los territorios comunitarios y los derechos de la naturaleza.

Otras 60 personas pertenecen al caso "judicializados por ejercer su derecho a la resistencia y protesta social" en la manifestación del 2019. Un grupo más pequeño fue criminalizado por administrar justicia indígena, según la Asamblea Nacional.

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El consejero de Gobierno, Diego Ordóñez, cuestionó ante la prensa la decisión de los legisladores por considerar que han cometido un "acto de injusticia". Ordóñez dijo que debían incluir en la amnistía a miembros de la fuerza pública que han sido involucrados en la investigación de las protestas.

"La Asamblea Nacional ha olvidado a Quito en llamas, a familias afectadas, a la propiedad privada afectada, a la estabilidad democrática afectada", añadió. "Deberá responder y asumir la responsabilidad por la decisión que ha tomado".

Con la amnistía se extinguen los procesos penales, las investigaciones y las condenas para los beneficiados, quienes habían argumentado una persecución política.

"Con esto se reivindica la lucha social, el derecho a la resistencia y la democracia", escribió Iza en su cuenta de Twitter, quien enfrenta cuatro procesos judiciales, entre ellos por el presunto secuestro a policías.

"La lucha contra el neoliberalismo continúa", agregó el presidente del movimiento indígena.

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