Este lunes, el Presidente Sebastián Piñera promulgó una nueva ley que sanciona el comercio ilegal y fortalece la fiscalización, entregándole mayores facultades a las policías e inspectores municipales.

Desde la Región de Los Ríos, el mandatario detalló que la ley es importante porque "el comercio ilegal significa una red, a veces de crimen organizado, y muchas veces verdaderas mafias que tratan de saltarse todas las leyes y las reglas. Eso produce beneficio para unos pocos, pero daña a la inmensa mayoría de los chilenos".

La normativa, según detalló Piñera, entrega nuevas y mejores herramientas para controlar, fiscalizar y sancionar al comercio ilegal. Autoriza a las policías, inspectores municipales y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos a fiscalizar.

Entre los delitos que considera la ley se encuentran:

• La falsificación, reproducción o venta no autorizada de obras literarias, artísticas o científicas protegidas por la ley de propiedad intelectual. También de fonogramas, videogramas, discos fonográficos, cassettes videocassettes, filmes o películas cinematográficas o programas computacionales protegidos por la ley de propiedad intelectual.
• La receptación y el uso malicioso y con fines comerciales de una marca comercial igual o similar a otra ya inscrita.

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Además, la ley aumenta las sanciones para las infracciones tributarias, quedando reguladas de la siguiente forma:

• Para el comercio sin declaración y pago de impuestos: Multa del 50% hasta un 400% de los impuestos eludidos y con presidio o relegación menores en cualquiera de sus grados. (Desde 61 días a 5 años).
• Para el ejercicio del comercio clandestino: Multa de 1 unidad tributaria anual a 10 unidades tributarias anuales y con presidio o relegación menores en cualquiera de sus grados. (Desde 61 días a 5 años).
• La reincidencia será sancionada con pena de presidio o relegación menores en sus grados medio a máximo. (541 días a 5 años).

Por otra parte, el proyecto incluye la figura de "entregas vigiladas o controladas" como procedimiento de investigación. Aquello permite con autorización de un juez de garantía, que el traslado o entrega de productos sospechosos o ilícitos siga su curso, mientras es vigilado por policías y el Ministerio Público.