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La Corte de Apelaciones repuso la orden de no innovar previamente denegada, y mantuvo la decisión de formalizar al abogado, Rodrigo Sotomayor Julio. Esto, en grado de autor por los delitos consumados de falsificación y uso malicioso de documentos públicos y privados; ejercicio ilegal de la profesión de abogado; defraudaciones y prevaricación.

Esta decisión se tomó luego que el abogado querellante presentara nuevos antecedentes. Los que aducen a procesos administrativos irregulares por parte de la Secretaría Ministerial de Educación del Biobío y tras el cierre de la cuenta bancaria de la Corporación Educacional en el Banco Scotiabank por parte de Sotomayor.

A raíz del cierre de esta cuenta, no se han pagado las remuneraciones de los directores y trabajadores del Colegio Polivalente Domingo Parra Corvalán de Coronel, situación que acompaña al previo cierre de cuentas de Previred y del Servicio de Impuestos Internos realizados por Sotomayor, bloqueando efectivamente cualquier acción de los encargados administrativos de la Corporación.

Al mismo tiempo, se informa que están investigando la recepción de documentación con firmas falsificadas por parte de Correos de Chile. Situación que podría representar un proceso negligente por parte de la entidad estatal.

Por lo mismo, los directores y docentes de la Corporación Educacional Domingo Parra Corvalán pedirán al Seremi de Educación del Biobío responder por las subvenciones. Además de solicitar a la autoridad retrotraer el estado registral de la composición y representación legal de la Corporación a María Elena Zott Oviedo como presidenta del directorio y representante legal; y a Imelda Riquelme Contreras, como directora secretaria.

Al respecto, María Elena Zott Oviedo indicó que "es realmente increíble que con todos los antecedentes que se han entregado a la Seremi de Educación tengan a la Comunidad Escolar tan perjudicada y a su suerte".

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Cabe señalar que dicha corporación administra tres escuelas de lenguaje y un colegio polivalente. Con cerca de 170 funcionarios y 1.300 estudiantes en los cuatro establecimientos.

Sumado a lo anterior, la Fiscalía también solicitó la formalización de Moisés Fernández Bolados por delitos de falsificación y uso malicioso de documentos públicos y privados.

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