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El Juzgado de Garantía de Concepción fijó para el 22 de marzo de 2022 la formalización contra el abogado Rodrigo Sotomayor Julio por presunta falsificación de documentos. El Ministerio Público afirmó que existen suficientes antecedentes contra el acusado por ilícitos como la prevaricación, además de ejercer ilegalmente la profesión.

Asimismo, el abogado sería imputado en grado de autor por otros delitos como el uso malicioso de documentos, tanto públicos como privados, y defraudaciones.

En este contexto, la Fiscalía también pidió la formalización de Moisés Fernández Bolados por falsificación y uso malicioso de documentos.

Sin título y a la cabeza del directorio

El abogado Remberto Valdés interpuso la querella afirmando que Sotomayor se desempeñó como abogado de la Corporación Educacional Domingo Parra de forma ilegal entre octubre de 2018 y junio de 2019. Según el letrado, el acusado aún no se titulaba durante este tiempo y pudo acceder como socio y secretario de la entidad el 7 de enero de 2020.

Mientras estuvo en dicho cargo, afirmó Valdés, el denunciado ejerció presiones a la presidenta del directorio, María Elena Zott, para que dejara el puesto. Sin embargo, la mujer no cedió y continuó ejerciendo su trabajo.

Ante esto, señala la acusación, el interpelado inventó una sesión de directorio con el fin de auto nombrarse presidente del grupo y, a la vez, otorgar a Fernández el rol de secretario. Dichas acciones las pudo concretar gracias a una carta de renuncia firmada por la presidenta del directorio, la cual habría sido falsificada.

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De esta manera, el 12 de marzo de 2020 el abogado logró inscribir este directorio en la Seremi de Educación del Biobío. La institución estudiantil desconocía el fraude, por lo que oficializó la resolución del letrado como representante del organismo.

Una vez que contó con el liderato del directorio, su primera acción fue cambiar al titular de las cuentas bancarias de la entidad. La situación generó inquietud entre los miembros y gracias a esto lograron volver a otorgar el rol de presidenta de la corporación educacional a María Elena Zott.

De momento, se desarrolla una gestión administrativa en la Seremi de Educación respecto a la representación legal de la organización. Aquel trámite considera los documentos fraudulentos y los antecedentes que habría cometido el abogado Rodrigo Sotomayor en marzo del año pasado.

El trabajo de los denunciantes

Remberto Valdés, abogado persecutor, afirmó que se encuentran satisfechos con el trabajo del Ministerio Público y el OS9 de Carabineros.

“La verdad es que nos produce satisfacción y esperamos que esto se transforme en juicios condenatorios que impidan en el futuro que pueda dañarse una corporación educacional que atiende a niños vulnerables de distintas partes de Chile y que lleva un trabajo desarrollado por más de 20 años”, precisó.

En la misma línea, adelantó que los antecedentes llegarán al Ministerio de Educación y a la Contraloría General de la República. Valdés desea que se “evite que estos documentos falsificados que fueron usados por el Sr. Rodrigo Sotomayor Julio lo sean también en otras instituciones, lo propio tratándose de aquellas entidades bancarias, Previred, etc., que fueron objeto también de engaño, aparentemente, por este caballero”.

Las consecuencias para la corporación

Una de las principales afectadas, María Elena Zott, presidenta de la corporación educacional, relató que “esta situación ha sido un verdadero infierno. Se han amenazado a docentes y directores, se cerró la cuenta corriente. Hemos hecho todo para proteger a nuestros alumnos. Esperamos que el Ministerio de Educación en Santiago revoque estos actos del Sr. Rodrigo Sotomayor Julio”, indicó.

Las acciones de Sotomayor generaron incertidumbre en los variados establecimientos que trabajan con la corporación, ya que el acusado habría enviado mensajes y correos a los trabajadores insinuando el fin de sus labores.

Producto de los acontecimientos, se desconoce la clave de acceso de Previred de la corporación y se suspendió la cuenta bancaria de la entidad, lo cual supone un impedimento para pagar las remuneraciones a los trabajadores.  

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