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La Fiscalía de Concepción formalizó a un carabinero por hurtar $500 mil en efectivo, aproximadamente, en un procedimiento policial realizado en una vivienda en la población Gabriela Mistral en Concepción, el 16 de marzo del año pasado.

La indagatoria la realizó la Sección de Asuntos Internos de la propia institución, después que recibieran una denuncia anónima, que daba cuenta de la acción ilícita del cabo primero L.A.M.

El fiscal de Concepción, José Aravena, quien dirige la investigación, explicó que el imputado sustrajo con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño, desde el interior de un bolso, la suma aproximada de medio millón de pesos, en billetes de distinta denominación. El dinero era propiedad de una persona que estaba siendo objeto de un operativo antinarcóticos.

Las declaraciones de los demás funcionarios que participaron en la diligencia, confirmaron la acción ilícita del uniformado.

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"Según los antecedentes que constan en la investigación, esto partió como una denuncia realizada ante Carabineros, aparentemente de manera anónima. A partir de esa información que daba cuenta que el funcionario se habría quedado, derechamente sustraído dinero a propósito de un procedimiento policial en el que intervino, se despachó una orden a la Sección de Asuntos Internos de Carabineros quine realizó las diligencias para esclarecer el hecho", indicó el persecutor.

"El procedimiento policial en el que el funcionario intervine, deviene de una persecución a un sujeto que habría recibido una caja, que finalmente contenía droga y dinero. Al momento de ingresar a la vivienda en el que este se encontraba, uno de los funcionarios habría, en las labores de registro a la vivienda, sustraído desde un bolso una suma de dinero efectivo de aproximadamente 500 mil pesos, los que ocultó entre sus ropas", agregó el Fiscal.

La Fiscalía sostiene que el uniformado actuó con la agravante de haber cometido el delito en su calidad de funcionario público.

El Juzgado de Garantía le impuso al imputado la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima y otorgó un plazo de tres meses para terminar la investigación.

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