Fernando Lagos, rector de la Universidad La República y orden de cierre: “No hemos sido escuchados, hay una obsecuencia de querer cerrar”
El rector de la Universidad La República, Fernando Lagos, estuvo en Concepción para conversar con su comunidad académica respecto del proceso de cierre decretado por la Superintendencia de Educación Superior y aclarar que su objetivo es evitar a toda costa dicha disposición.
El 30 de marzo pasado, el Consejo Nacional de Educación (CNED) acogió el requerimiento de dicho organismo y ordenó el plan de cierre; basado principalmente en la acumulación de 14 mil millones de pesos como deuda.
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En conversación con Sabes.cl el rector detalló que trabajan para revertir dicha situación judicializando el proceso con dos nuevos recursos de protección y la interposicipon de dos querellas contra las ex autoridades que dieron pie a este escenario.
La Universidad La República tiene 3.800 alumnos a nivel nacional, de los cuales cerca de 500 estudian en los campus de Concepción y Los Ángeles.
Hace un par de semanas atrás, la Corte de Santiago revirtió la concesión de la Orden de No Innovar que paralizaba el proceso de cierre, cuestión que tiene críticas.
Fernando Lagos, ustedes fueron críticos de la revocación de la ONI.
Respecto de la orden de no innovar a nuestro parece fue bastante irrregular el procedimiento, dado que la composición de la sala que revocó la ONI fue distinta a aquella que nos la había otorgado.
Nos sorprendió que el Consejo de Defensa del Estado asumiera la representación del Consejo Nacional de Educación en esta causa, pero entendemos que las autoridades están haciendo todo lo que creen que se debe hacer para lograr el cierre de nuestra universidad.
Hubo duros cuestionamientos de ustedes al CDE...
El Consejo de Defensa del Estado es el órgano que defiende los intereses del Estado y entendemos que la supremacía de ese poder deja en una debilidad aún mayor a nuestra universidad que se ha defendido presentando una reclamación de legalidad que es un recurso especial, en que hemos hecho presente ahí, las irregularidades e ilegalidades en que el proceso de cierre
¿Cuáles son esas ilegalidades?
A nuestro entender, el proceso de cierre que llevó la Superintendencia de Educación Superior adolece de la ilegalidad de no haber cumplido con el artículo 4, 5 y 20 de la ley 20.800 que se traduce en que la autoridad administrativa, superintendente de educación superior, no tiene facultades para rechazar un plan de recuperación en los términos como lo ha hecho.
Lo que corresponde según las disposiciones citadas, es que le de un traslado, se le de la oportunidad a la institución para que en el plazo que establece la ley pueda resolver esas observaciones para que sea revisado nuevamente, ese hecho fue el que superintendente omitió, no nos dio la oportunidad. Él aduce que nuestra institución no habría sido capaz de poder resolver esas observaciones. Emite un juicio de valor que a nosotros nos sorprende.
¿Ustedes asumen este difícil momento financiero con 14 mil millones de pesos como deuda?
Lo hemos advertido, reconocido, y esta nueva administración que asumió en diciembre del año pasado ha hecho lo necesario apra establecer un mecanismo que nos permita revertir esta situación, pero ahí hay un punto importante que señalar: la deuda es histórica pero el superintendente se equivoca al formular cargos porque investiga hechos que no le están permitidos por ley, anteriores al año 2016.
¿Cómo reclaman eso?
Como una ilegalidad. La acción de reclamación en la Corte de Apelaciones de Santiago, tenemos la convicción que va a ser acogida y se va a terminar definiendo que la Superintendencia de Educación Superior ha transgredido las normas.
Ahora interpusieron dos recursos de protección ¿Hacia dónde apuntan?
Hemos presentado recursos de protección en contra del CNED, que aprobó la proposición del Superintendente de Educación Superior en orden a revocar la personalidad jurídica y provocar el cierre de nuestra universidad. También en contra del Decreto Exento 480.
¿Han realizado acciones para determinar responsabilidades previas?
-Fernando Lagos asume el 21 de diciembre 2020-
Se hicieron investigaciones, auditorías, y eso ha derivado en la presentación de querellas que se están tramitando en los juzgados de garantía de Santiago, en contra del ex rector Alfredo Romero y la ex vicerrectora de administración y finanzas, Leniveth Vargas, y contra quienes resulten responsables. No se ha llegado a esta situación porque las cosas se hayan hecho bien. El daño que se está haciendo es enorme.
¿Qué delitos buscan acreditar en esas querellas?
Desde fraude hasta administración desleal que es un tipo penal nuevo en nuestra legislación. Es importante conocer responsabilidad, ese es nuestro deber ético.
¿Qué buscan con los recursos de protección?
Que se reparen las infracciones constitucionales que nos están privando de podr continuar como universidad.
¿Cuántos alumnos tiene la Universidad La República hoy?
Tenemos aproximadamente 3.800 alumnos; es por ellos, por su dignidad, de nuestros egresados y comunidad universitaria es que hemos puesto el corazón, hemos dejado el alma en este proceso que ha sido muy complejo.
¿Cuál es la situación en el Biobío?
Tenemos 11 sedes de Arica a Temuco. En Concepción tenemos la sede que tiene 30 funcionarios y aproximadamente 300 alumnos que han cumplido con mucha entrega la forma en que han impartido las clases. También en Los Ángeles. Se han planificado más de 600 asignaturas, la asistencia supera el 90 por ciento y es la manera como se llevado a cabo la prestación del servicio en estos meses.
¿Han conversado con el administrador, Jaime Torrealba, designado para el cierre?
Hemos tenido contacto informal para conocer cuál es su plan, la disposición a generar un cierre si así fuera determinado por la justicia y fueran desechados nuestros recursos, en el caso que no se reconozca que ha habido una infracción legal, nosotros nos aferramos a eso.
¿Le han pedido documentación formal?
No.
Uno de sus acreedores pidió la liquidación forzosa -quiebra- de la Universidad La República...
Hemos llegado a acuerdos, nuestra responsabilidad es evitar la quiebra. Hemos contado con la generosidad de los acreedores porque hemos dado la cara. Si hay algo que puede caracterizar a esta administración es que estamos conscientes de nuestros problemas; hemos conversado con nuestros acreedores, porque creemos que lo más conveniente es que la universidad continúe con su servicio y las solicitudes han sido revertidas.
¿Qué mensaje le entrega a la comunidad educativa?
Agradecerles el compromiso con este proyecto y solicitarles que nos mantengamos de pie en esta defensa. Este rector va a llegar a las últimas instancias para defender este proyecto universitario que hemos definido como el último baluarte de la educación laica, pluralista, tolerante, que tanta falta le hace a esta sociedad.
¿La Universidad sigue vinculado al mundo masón?
En sus orígenes fue fundada por la masonería. Ha pasado el tiempo, en 2018 tuve conversaciones con algunos miembros de la orden; y sentíamos que era el momento de tomar caminos diferentes y la Universidad modificó sus estatutos, también emblemas, escudos y símbolos. Hoy no existe ese vínculo como lo fue en algún momento.
¿Se pone en el escenario del cierre de la Universidad La República?
El cierre es una decisión que tomó el ente gubernamental, nosotros no nos ponemos en el plan de cierre, seguimos trabajando.
Todo proyecto tiene un plan B: ¿Han avanzado en alianzas con otras instituciones de educación?
No nos corresponde a nosotros hacer eso, ese es el plan que el administrador de cierre de presentar y ser aprobado. Estamos trabajando en revertir la situación, estrechar lazos y ver posibles inversionistas con quienes me he reunido, proque creemos que este proyecto no puede desaparecer.
¿Está esa posibilidad para la Universidad La República?
Existen nombres interesados, estamos trabajando en eso. Resolviendo la situación judicial, en que insisto, la Corte no podría resolver contrario a ley, se abre una posibilidad cierta de allegar recursos, controlador o accionista, hemos modificado los estatutos para que eso ocurra.
Llama la atención de que no hemos sido escuchado, hay una obsecuencia de querer cerrar. No hay el mismo trato. Nos daban por muertos, pensaban que a los 10 días de decretado el cierre la universidad se iba a desplomar; eso no ha pasado y eso es lo que ocurre generalmente en las instituciones que cierran donde hay paros, huelgas.
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