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En el contexto actual, donde somos testigo de intentos que desde variados sectores se implementan para generar una necesaria, urgente y sostenida reactivación económica y en lo cual el comercio tradicional ha enfrentado tantas dificultades relacionadas a las limitaciones de operar presencialmente, han emergido una gran variedad de emprendimientos ligados al desarrollo de aplicaciones, ventas a distancia de bienes y servicios, mediadas por tecnologías de información y comercio electrónico.

Por cierto, ello constituye una buena noticia, tanto en circunstancias de que aún cuando previo a la pandemia se observaba como segmentos comerciales tradicionales de importancia se encontraban todavía a la zaga en el desarrollo de aplicaciones, como también en que muchos establecimientos pequeños y medianos han logrado sobrevivir al contexto de restricciones al explorar formas innovadoras de comercialización.

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No obstante ello, en correlación al incremento del comercio electrónico, también ha emergido desde los consumidores una cantidad no menor de reclamos por malas prácticas detectadas en estas nuevas modalidades de comercio, relacionados a incumplimientos en las ofertas de bienes y servicios contratados, falta de cumplimiento en la entrega de productos en los plazos correspondientes o servicios de mantención y postventa deficientes, que afectan la calidad de las prestaciones contratadas.

De la falta de satisfacción de muchos clientes con los bienes y servicios recibidos a distancia es posible ser testigo con sólo dar unos cuantos vistazos a redes sociales que, con su poder comunicacional expansivo, levantan signos de interrogación respecto a la idoneidad de las ofertas online de bienes y servicios e instalan una buena porción de desconfianza en los consumidores respecto de la calidad y capacidad de respuesta de los oferentes a cumplir con lo comprometido por las vías del comercio electrónico.

En efecto, comparten el mercado tanto aquellos muchos que cumplen cabalmente con aquellos pocos que actúan de manera poco fiable.

El consumidor por su parte, llega al mercado, a veces atraído por ofertas poco fiables, que operan con precios a la baja, que a la larga, por efectos de competencia, afectan también a quienes operan cabalmente, no por efecto de la competitividad propia del mercado sino que más bien como resultante de una información asimétrica que a la larga genera desconfianza sistémica, que afecta especialmente a los nuevos emprendimientos que buscan un lugar en el mercado mediante su calidad.

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Por ello, más allá de la existencia o no de instancias reguladoras de fiscalización, cuyo rol es por cierto relevante, es importante comprender que el desarrollo competitivo de los mercados se desenvuelve de manera mucho más eficiente en la medida en que se hace sobre la base de la confianza y en ello, el comportamiento de los agentes económicos, ligado al cumplimiento cabal de los compromisos y promesas realizadas cumple un rol singular.

Por lo mismo, el poder identificar y relegar del mercado aquellas prácticas que no cumplen integralmente las condiciones de calidad mínimas exigidas en el mercado, en conjunto con desarrollar un proceso de mejoramiento continuo de la calidad de servicio en aquellos establecimientos que comienzan a incursionar en las nuevas modalidades de comercio, resulta fundamental para una competitividad sostenible, especialmente en protección de los emprendimientos emergentes vinculables, que hoy necesitan con urgencia de encontrar un lugar sostenible en el mercado.

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