Justicia da por acreditado despidos por favores políticos en Alto Biobío y ordena millonaria indemnización
El municipio de Alto Biobío está condenado a indemnizar con más de 100 millones de pesos y el ofrecimiento de disculpas públicas a cinco trabajadores de la salud; víctimas de despidos en 2019 vulnerando sus derechos al ser discriminados, según sentenció el Juzgado de Letras y Trabajo de Santa Bárbara.
La situación se configuró luego que tanto a Tens como administrativos de las postas rurales de Malla Malla, Butalelbum y el Cesfam Ralco se les notificara su no renovación de contrato a plazo fijo por un supuesto déficit presupuestario. Dicha cuestión que no pudo ser acreditada en la tutela laboral; sino que lo que había de fondo era reemplazarlos por nuevos funcionarios con cierto grado de afinidad política con el alcalde, Nibado Piñaleo.
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Según el fallo, esto se da “ante una misma situación de hecho de déficit presupuestario; se eligió desvincular a los demandantes y no a otras personas, y poner en su lugar a personas afines a las ideas políticas del Alcalde, cuando en su lugar podrían haberse adoptado otras medidas”.
El déficit presupuestario no se pudo acreditar y se incurrió en vulneración a derechos constitucionales con la discriminación de los trabajadores desvinculados, al contratar a otras personas.
Los demandantes son los tens Juan Tranamil, Juana Paine, Carola Ascencio, Paola Panés y la administrativa Evelyn Monsalve; todos con entre cinco y 15 años de servicio.
Acusan favores políticos
En la tramitación del recurso se acusó que las personas que ocuparon los cargos llegaron allí por presiones hacia la autoridad.
David González, abogado demandante, dijo que “se logró acreditar en este juicio que el alcalde de turno iba a pagar favores respecto a personas de la comunidad; privilegiando el acceso a estos cupos a personas que tenían afinidad y el alcalde les debía favores, esto logró ser acreditado”.
Evelyn Monsalve, ex administrativa del Cesfam Ralco, señaló que “esto que estamos haciendo hoy día es para que no siga sucediendo nunca más. Que no se sigan vulnerando los derechos de los funcionarios”.
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Paola Panés, otra de las personas a quien no se le renovó contrato, reveló que “luego de un par de meses me entero por la comunidad que mi puesto fue ocupado; hubo una reorganización y mi puesto lo ocupo alguien netamente para la devolución de favores políticos”.
La municipalidad de Alto Biobío accionó judicialmente interponiendo un recurso de nulidad ante las Corte de Apelaciones de Concepción.
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