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Ante un mundo político atrincherado en sus cercos ideológicos; un aparato estatal ineficiente, poco transparente, que dista mucho de ser probo y eficiente; y el asomo cada vez más notorio de corrupción en la función pública; lo cual termina por reflejarse en una ciudadanía vulnerada en sus derechos y sin saber a quién recurrir, es que surge la figura del Defensor del Pueblo. Esta figura pública se presenta con propósitos claros y definidos, que son defender los derechos constitucionales y fundamentales de las personas; supervisar la función de la política y la administración pública del país; y supervisar la prestación de los servicios públicos entregados por el Estado. 

Suecia fue uno de los primeros países en incorporarlo en su Constitución, lo cual data del año 1809, en su artículo n°96; también se observa lo propio en la Constitución Política Española del año 1978, en su artículo n°54 o en la Constitución Política peruana del año 1993, en su artículo n°161; por mencionar algunos ejemplos. A diferencia de lo que se podría pensar, y así lo confirma el párrafo anterior, no son escasos los países que cuentan con una defensoría del pueblo, tanto así que en la actualidad en Sudamérica, solo Uruguay y Chile no cuentan con esta institución en sus constituciones.

De esta forma cabe preguntarse, ¿qué es un Defensor del Pueblo? Se puede entender por Ombudsman o Defensor del Pueblo, aquella figura pública, autónoma, apolítica, no partidaria y de rango constitucional, que está en defensa de los ciudadanos ante la vulneración de sus derechos fundamentales u la omisión del ejercicio de estos.

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Si bien en lo que respecta nuestra experiencia constitucional jamás ha llegado a existir la Defensoría del Pueblo, no han faltado propuestas para su implementación. En tiempos de la dictadura militar el Grupo de los 24, un grupo de expertos juristas constitucionalistas defensores de los Derechos Humanos, propuso a un Defensor del Pueblo. Ya en democracia se han presentado proyectos en la misma línea, desde la ex Concertación hasta Renovación Nacional; es decir, se entiende este como un proyecto que va más allá del binomio derechas e izquierdas. Hoy, dos de estos proyectos están dormidos en el congreso nacional a la espera que se retome su discusión parlamentaria. Los boletines 6232-07 y el 13099-07, en primer y segundo trámite legislativo respectivamente.   

A pesar de que la experiencia nacional no es tan alentadora, hoy nos encontramos con una oportunidad histórica que nos permitiría pasar del papel a la acción. En la nueva Constitución, próxima a redactar, se puede incorporar la figura del Defensor del Pueblo que sirva de contrapeso contra al aparato público y los posibles abusos que este pueda realizar en su función, como a su vez, un representante de los ciudadanos encargado de super vigilar la política y prevenir posibles casos de corrupción.

Sin embargo, para que ningún partido político, agente del Estado o figura pública pueda chantajear o incidir en la función del Defensor del Pueblo de formas sospechosas, se debe establecer canales claros y transparentes de trabajo; este solo debe rendirles cuentas a los tribunales superiores de justicia y dar cuentas públicas de su trabajo a la ciudadanía. Ya que de implementarse la figura del Defensor del Pueblo es de esperar que este defienda a la ciudadanía, y que no sea necesario defenderse de él.

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