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Durante los últimos días ha comenzado a circular la idea de debatir sobre reestablecer la pena de muerte, motivado por el alza de la delincuencia y los homicidios que han tenido lugar en las últimas semanas. De esta forma, los padres de Tamara (5) e Itan (6), dos niños víctimas de la delincuencia, sostuvieron una reunión con el presidente de la República en donde el padre de Tamara, posterior a la reunión, señaló que le exigió al mandatario “que se reinstale en el Congreso la discusión sobre la pena de muerte”.

De la misma forma, políticos de diversos sectores, se han manifestado abiertos a debatirlo. Tanto así que dos cartas presidenciables como Pamela Jiles (PH) y Mario Desbordes (RN), se manifestaron al respecto, la primera por su cuenta de Twitter se declaró “partidaria de la pena de muerte en caso de crímenes de alta gravedad que afectan a niñas, niños o adolescentes” y el segundo, en el caso de otro lamentable caso, aún en investigación, como lo es la muerte de Tomás (3), aseguró que “si le pasa a mi hija, yo lo mato”.

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A pesar de que lamentablemente ninguna pena o sentencia podrá traer de regreso a las víctimas de la delincuencia, es necesario enfatizar que se requiere un endurecimiento de las medidas, mayor profesionalización de la función policial y un sistema judicial que esté de parte de las víctimas y no del victimario. Sin embargo, a lo anterior y en vista de que un 66,9% de los consultados por la última encuesta realizada por Pulso Ciudadano está de acuerdo con restablecer la pena de muerte en Chile, es necesario entender que la pena de muerte no soluciona problema alguno e incluso podría ser un arma de doble filo.

De la misma forma que se faculta al Estado para acabar con la vida de un delincuente con el objetivo de “erradicar” los peligros que atormentan a la ciudadanía, esta puede significar un peligro aún mayor para la población si esa facultad está en manos de un gobierno déspota, populista o autoritario. Entregando a estos regímenes la facultad de acabar con sus opositores políticos, detractores mediáticos o cualquier oposición en base a las facultades que le fueron concebidas para realizar justamente lo contrario.

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En suma, el derecho internacional público es claro y Chile tiene una larga tradición de adscribir acuerdos internacionales que están orientados a fortalecer la democracia, es de esta forma como el propio Ministro de Justicia, Hernán Larraín, señala que a su “modo de ver es difícil (que se dé razón al debate) porque hay compromisos internacionales”, haciendo alusión a la Convención Americana de Derechos Humanos, concretamente a su artículo N° 4, en el cual establece “que se puede hacer y que no, y restablecer la pena de muerte no está en las posibilidades”.

La delincuencia es un problema político, como ciudadanos debemos exigir que se le dé una solución no solo con más ahínco en la función policial sino que también ir a la raíz del problema, lo cual se traduce en generar oportunidades para aquellos que ven en la delincuencia una “oportunidad” de ganarse la vida maliciosamente. Es decir, es de suma urgencia que se le ponga el cascabel al gato y es la clase política la que tiene la facultad para ello. Para prevenir que la delincuencia siga avanzando se debe exigir con el voto a los políticos que en este periodo electoral lo está solicitando, a que se compromete a combatir la delincuencia y los ciudadanos debemos estar atentos a que cumplan lo prometido.

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