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La Unidad Evangélica del Biobío presentó el pasado 11 de febrero un recurso de protección ante la detención de un pastor de Chiguayante y la interrupción de un culto en Talcahuano. Dichos procedimientos se cometieron amparándose en la realización de sumarios sanitarios.

Este requerimiento judicial está impulsado por el obispo César Garrido y el proceso lo llevará el abogado Carlos Adams.

No es la primera vez que la iglesia evangélica tiene dificultades en pandemia. En junio de 2020 debieron llevar a cabo una acción similar donde la Corte de Apelaciones de Concepción falló a favor de la iglesia. En aquella instancia, los tribunales regionales lograron levantar la prohibición de culto y condenaron a la Seremi de Salud por obrar fuera de sus facultades.

Desde la organización religiosa esperan que los juzgados vuelvan obrar a su favor.

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Nuevamente, la Unidad Evangélica presentó un recurso de protección en relación a dos situaciones puntuales ocurridas en la región; la detención de un pastor en Chiguayante y la interrupción de un culto en Talcahuano.

El pastor Gastón Dueñas realizaba un evento religioso a través de Facebook cuando Carabineros irrumpió en su casa llevándose detenidos a los participantes del evento. El hombre estaba acompañado de su mujer y 7 personas más quienes lo ayudaban en el trabajo técnico del programa.

A los implicados se les formalizó por infracción al artículo 318 del Código Penal por concretar reuniones religiosas “prohibidas” en plena curentena.

En tanto, inspectores de la Seremi de Salud también fiscalizaron a el pastor evangélico Jonathan Bastías Díaz por realizar un culto religioso con al menos 9 personas más en un recinto cerrado.

“Constituye un acto arbitrario e ilegal que vulneró la garantía constitucional del derecho a reunión sin permiso previo y sin armas, y la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos” detalla el documento judicial.

De igual manera, la Unidad Evangélica publicó un comunicado anunciando estas medidas y calificando esta situación como una “persecución y hostigamiento sobre la Iglesia Evangélica”.

“Nuestros pastores no son delincuentes, por lo cual rechazamos enérgicamente las detenciones sobre los ministros de cultos, quienes han tenido que estar toda la noche en calabozos y ser sometidos a procedimientos judiciales” indicaron.

Ante la reclamación, la Corte de Apelaciones de Concepción acepto el requerimiento y dio un plazo de 10 días para recabar la mayor cantidad de antecedentes respecto del caso.

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