Justicia económica y derecho de las mujeres
El jueves 3 de septiembre tuve la oportunidad de participar de un conversatorio sobre “Justicia Económica y Derechos de las Mujeres” convocado por la Embajada de México en Sudáfrica con sede en Pretoria, a través del Programa de las Naciones Unidas “Generation Equality: Realizing Women’s Rights For An Equal Future”.
Este programa exige igualdad de salario, reparto equitativo del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, el fin del acoso sexual y todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, servicios de atención de la salud que respondan a sus necesidades y su participación igualitaria en la vida política y social.
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Es en este marco que junto a expertas de México y Sudáfrica analizamos lo que significa la Justicia Económica y su implicancia para el desarrollo de las mujeres en el contexto de crisis actual. Encontramos varios puntos en común respecto a la realidad laboral, económica y financiera de las mujeres en el Sur Global, lo cual hace más relevante que este concepto sea integrado entre los objetivos de las políticas públicas destinadas a reducir las brechas.
La justicia económica es un conjunto de principios morales y éticos para la construcción de instituciones económicas, donde el objetivo final es crear oportunidades para que cada persona establezca una base material suficiente sobre la cual tener una vida digna, productiva y creativa para que la prosperidad y la justicia vayan de la mano y no en oposición.
Es diferente del empoderamiento económico, que es la capacidad de mujeres y hombres para participar, contribuir y beneficiarse de los procesos económicos en sus sociedades.
Hombres y mujeres pueden estar económicamente empoderados en una sociedad social y económicamente injusta. La justicia económica se enfoca en la sostenibilidad de la vida y en identificar que tan justa es la distribución de la prosperidad en dicho sistema a través de indicadores como la renta básica universal, la igualdad de ingresos por género y raza, la tasa de impuestos y la igualdad de oportunidades de empleo.
Justicia Económica y Mujeres
Si bien las mujeres tenemos hoy en Chile un mayor acceso al empoderamiento económico que hace 30 años, todavía persisten barreras que nos separan de la justicia económica, a saber: Las limitaciones de tiempo debido a la carga doméstica, la feminización de la pobreza, la desigualdad de salario, la precariedad laboral y contractual, la amenaza de violencia o acoso sexual en el lugar de trabajo, el empleo informal, la deficiente seguridad social y las dificultades del emprendimiento femenino.
La invisibilidad, desprotección y no reconocimiento del valor e impacto económico del trabajo del hogar y de cuidados es uno de los obstáculos históricos para la justicia económica de las mujeres. Para muestra un botón: En Argentina, un informe de la Dirección de Economía, Igualdad y Género demostró que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa en el país un 15,9 por ciento del PBI: es el sector de mayor aporte en toda la economía, seguido por la industria (13,2 por ciento) y el comercio (13 por ciento).
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Siendo el trabajo doméstico y de cuidado crítico para el funcionamiento de la economía, cuando éste recae principalmente en las mujeres, puede limitar nuestras opciones y oportunidades para otras actividades, incluyendo las remuneradas y la educación.
La igualdad de género solo se logrará cuando las mujeres tengan el mismo acceso y control sobre los recursos, la tierra y el capital, así como la misma participación e influencia en la toma de decisiones económicas. Lo anterior implica transformar el trabajo de la mujer y la forma en que lo valoramos. Las mujeres somos la mitad del potencial del desarrollo de nuestras comunidades. La justicia económica es una materia de derechos humanos y hace posible que las mujeres nos beneficiemos de las actividades económicas en condiciones que reconocen el valor de nuestra contribución, respetan nuestra dignidad y hacen sostenible la vida de manera integral.
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