Ex juez Elgueta demandó al Estado por “despido injustificado” y exige indemnización de $520 millones
- Emilio Elgueta fue removido de su cargo de ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, el pasado 8 de octubre tras ser acusado de tráfico de influencias y faltas a la probidad.
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Tras ser expulsado del Poder Judicial, el ex juez presentó una demanda en contra del Estado de Chile, donde exige el pago de una indemnización que supera los 520 millones de pesos.
Es así como la acción judicial que fue presentada ante el Juzgado de Letras de Rancagua, se dirige contra la Corte Suprema, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), informó El Mercurio.
Según el mismo medio, Elgueta luce casi irreconocible tras haber perdido más de 10 kilos y ahora trabaja en una modesta oficina de abogados que abrió en Rancagua, donde prepara la defensa con la que pretende demostrar su inocencia respecto a faltas a la probidad y tráfico de influencias.
En la demanda, el ex juez argumentó que era un empleado del Estado, que fue removido por el Poder Judicial sin que se cumplieran las normas del Código del Trabajo, como una carta o aviso previo.
También sostiene que se le despidió sin “expresión de causa legal”, por lo que pide el pago de $520.088.667 por sus 40 años y 8 meses de servicio, la sustitutiva del aviso previo, feriado proporcional, el recargo legal del 50%, más reajuste y costas del juicio.
Lo anterior, en consideración de su última remuneración completa, que ascendía a $7.051.731 y que recibió por última vez en julio, antes de ser suspendido y sancionado con la mitad de sus remuneraciones en agosto y septiembre durante el sumario.
El ex ministro asegura que hasta la fecha no le han entregado el finiquito ni información acerca de sus cotizaciones previsionales, “no cumpliéndose las formalidades del despido”.
Elgueta sostiene que sigue siendo “un trabajador para todos los efectos legales, porque no se respetaron las normas laborales”.
“No es la misma calidad de un ministro de los del gobierno, que son cargos de confianza, porque uno llega a este puesto por carrera. Hay una relación laboral, hay un sueldo, un horario y una dependencia. Si no fuera trabajador, ¿por qué se me pagan las AFP? Es un tema de igualdad de derecho, por eso interpuse una demanda”, agregó.
