El dramático relato de comunero mapuche baleado en una pierna por Carabineros y que exige justicia

El 14 de enero de 2015 Martín Marileo y Gastón Antileo, fueron detenidos por Carabineros al interior del fundo Canihual, en Tirúa, en medio de un operativo por un presunto hurto de madera, allí, acusan, los efectivos policiales les dispararon. El primero quedó con una enorme herida en una pierna, la cual asegura, aún sangra, mientras que el segundo, perdió un ojo. Ambos fueron absueltos por el Tribunal de Cañete de lo que se les acusó; sin embargo, la denuncia contra los efectivos policiales, a cuatro años de lo ocurrido, no avanzó más. Martín Marileo, quien presenta una cicatriz en una pierna, indicó que “a mí me balearon mi pierna, todavía no me puedo recuperar, tengo una costra en una arteria y yo al bañarme se sale la costra y mi sangre sale como una llave, y al trabajar pasa lo mismo”. Lo escucha atentamente Gastón Antileo, su primo, quien prefiere no emitir declaraciones. Ellos acusan como responsables acusan al teniente coronel Hernán Mera, al cabo segundo Víctor Arias y al carabinero Jorge Lagos, quienes siguen en la institución sin sanción, por ello ingresaron una carta de protesta a la Fiscalía Regional del Biobío en la que piden que “una formalización inmediata de los Carabineros involucrados y también la solicitud de cambio de fiscal”, según señaló Pedro Marileo, werkén de la comunidad. El fiscal que lleva la causa, Juan Yáñez, consultado sobre la demora en el proceso, dijo que “la prueba es la principal complicación y es lo que la gente y la sociedad debe entender, la prueba no se funda solamente en los dichos de las víctimas , sino que tienen que ser también en pruebas materiales y científicas, y por ahora todo eso no me permite llevar adelante una formalización”. El próximo 11 de enero se realizará una reconstitución de escena ordenada por el fiscal Yáñez tras reunirse con los comuneros afectados. De forma paralela los afectados ingresaron una demanda contra el Estado, por 400 millones de pesos, para reparar el daño moral causado, aseguran, por un agente estatal.