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Acusan a concejal UDI de ocupar sede parlamentaria pagada por el Congreso como motel

Una grave denuncia fue ingresada al Tribunal Supremo de la Unión Demócrata Independiente, y ayer a Contraloría, contra el concejal de Cañete, Cristián Medina, quien es acusado de maltrato, discriminación y hacer mal uso de recursos públicos al utilizar la oficina parlamentaria pagada por el Congreso para realizar fiestas en que se concretan relaciones homosexuales.

La denunciante es la secretaria distrital, Denice Vergara, quien milita en la UDI desde 2011, y quien relata a través del escrito que los malos tratos y el abuso de poder por parte de la autoridad son constantes, tratándola de “amapuchada” y obligándola a realizar tareas fuera de sus funciones.

Oficina-Motel

Sin embargo, en lo que más se enfatiza es que “utilizaba la oficina como cantina, como un centro de eventos en horarios de oficina y posterior al horario de oficina. La usaba como motel, tengo pruebas: preservativos usados y eso va a ser utilizado ahora para que él dé la cara y diga ‘yo hacía mal uso de recursos públicos'”, manifestó Vergara.

Agregó que lo sorprendió “en un acto homosexual, pero reitero, no estoy en contra de su condición, estoy en contra de dónde lo practicaba. No correspondía el lugar, no tuvo ningún respeto hacía mí ni hacia nadie, porque él dejaba sus preservativos, frascos de vaselina e infinidad de cosas”.

 Estos hechos presuntamente ocurrían en la oficina parlamentaria del diputado Iván Norambuena, pagada con recursos públicos, quien según la denuncia estaba al tanto de lo sucedido, sin embargo no se tomaron acciones.

La denuncia agrega que “es de público conocimiento que este concejal ofrece trabajo a jóvenes que se acercan a la oficina o al partido buscando apoyo a cambio de favores sexuales”.

La versión del acusado

Contactado el acusado para obtener su versión al respecto, solo indicó que el caso está en manos de su abogado y que el lunes interpondrá una querella por el delito de injurias en su contra.

Acorde a la legislación vigente, modificada en 2015, cuando a los concejales se les subió la dieta, pasan a ser considerados funcionarios públicos, por lo que al ocupar un cargo de elección popular, debe velar por un comportamiento ejemplar, lo que incluye su vida privada, por lo que correspondería el inicio de un sumario, el que debe ser dictado por el alcalde respectivo.