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Consumidores inician demanda colectiva contra empresa comercial de Los Ángeles

El Servicio Nacional del Consumidor presentó una demanda colectiva en contra de Coopelan Comercial S.A. de la comuna de Los Ángeles en la región del Biobío, en defensa del interés colectivo de los consumidores que se han visto perjudicados por las cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión.

La iniciativa legal busca que la Justicia declare nulas las condiciones infraccionales detectadas en el denominado Contrato de condiciones generales de compraventa a plazo y línea de crédito y mandato para suscribir pagarés.

Entre las cláusulas detectadas se encontraron disposiciones que permiten poner término de inmediato y unilateralmente a la línea de crédito, la posibilidad de que la empresa pueda acelerar una deuda sin tramitación judicial, falta de información sobre las comisiones que se cobran, entre otras cláusulas que Sernac busca corregir.

Esta acción se origina luego de que el Sernac revisara y analizara el contrato de apertura, para luego oficiar a la empresa, con la finalidad de dar inicio a una mediación colectiva, acción extrajudicial que buscaba una solución expedita e integral. Sin embargo, la empresa no estuvo dispuesta a participar de dicho proceso.

El Director Regional del Sernac, Juan Pablo Pinto, explicó que todas las empresas están obligadas a cumplir al pie de la letra lo que dice la Ley, cuando eso no ocurre, ni se entregan soluciones oportunas y adecuadas en el marco de una mediación colectiva, debe responder ante la Justicia.

Una cláusula infringe la Ley del Consumidor cuando los contratos de adhesión (aquellos que son redactados y ofrecidos por la empresa) se confiere derechos y facultades excesivas, contiene restricciones injustificadas respecto de los derechos de los consumidores, y si elimina o reduce las obligaciones que le corresponden, de acuerdo a la ley.

Este tipo de prácticas afecta en mayor medida a los consumidores más vulnerables, ya que una cláusula abusiva los desinforma de sus derechos pues los hace creer que sólo por estar escrita en un contrato, es válida sostuvo la autoridad.

La demanda colectiva busca que la Justicia aplique el máximo de las multas para cada una de las infracciones correspondientes por infringir la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores e indemnizar a cada uno de los consumidores afectados por esta ilegal práctica comercial.