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La iniciativa presidencial que modifica la Ley Antiterrorista, consistente fundamentalmente en una nueva definición del tipo penal del terrorismo, que permita evitar problemas de subjetividad de los jueces con el traslado de las causas a la Región Metropolitana, la incorporación de técnicas investigativas mucho más eficientes que las contempladas en la ley de drogas o de lavado de dinero, como por ejemplo la incorporación de agentes encubiertos, agentes reveladores, entregas vigiladas e interceptaciones de comunicaciones es apoyada por los contratistas forestales.


“Valoramos y apoyamos la disposición y la visión de país de este Gobierno, para impulsar estas modificaciones legislativas, que ayudarán en las investigaciones de los responsables de los homicidios ocurridos en las zonas de conflicto, atentados incendiarios a equipos de trabajo, quemas de casas e iglesias y por sobre todo la generación del miedo y la destrucción de la convivencia rural entre las regiones del Biobío y Los lagos” aseguró el gerente de Acoforag, René Muñoz.


El dirigente afirmó que “hacemos un llamado al poder legislativo, para que concurra con sus votos a aprobar esta iniciativa y estar así, a la altura de lo que las regiones del sur de este país reclaman; seguridad y tranquilidad para trabajar y sobre todo, respeto al Estado de Derecho”.


Muñoz aseguró que “aquellos que ya han levantado voces respecto de que esta ley estigmatizaría y atenta contra los derechos humanos de un pueblo originario, comprendan que el actual planteamiento se aleja de esa realidad, ya que la iniciativa legal apunta a terminar con la delincuencia y en ningún caso ataca a los pueblos originarios, que gozan de los mismos derechos humanos que los trabajadores forestales, los trabajadores agrícolas, los pequeños empresarios y los Carabineros de Chile, que en éstos últimos años han sido sistemáticamente vulnerados”.

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