Caso Bonhomía: Surgen indicios de arriendo de fundación que justificó al Gore Biobío $290 millones entre familiares
El mecanismo utilizado por Camila Polizzi para ejecutar el proyecto de intervención en Barrio Norte, de emplear una tercera institución y así lograr el financiamiento por parte del Gobierno Regional del Biobío, no parece ser exclusivo de la ex candidata al Parlamento.
De acuerdo a los antecedentes revelados en las últimas horas, mediante la presentación que hizo la funcionaria del Gore, Tamara Vidal, ante Contraloría, la que apunta a la Fundación Bonhomía, y el programa “Política regional para promover el bienestar: Biobío vive sano”, con un costo de $356 millones.
La primera alerta surge en la primera intervención de los coordinadores del programa, puesto que ellos no tienen relación alguna con la Fundación ejecutora, sino que solo utilizan a Bonhomía para concretar este programa.
Lo anterior se reafirma cuando el representante legal de la Fundación, Carlos Anabalón, mediante un ordinario, informa al Gore, que la contraparte para ejecutar este programa será Sebastián Mizón Hidalgo.
Hermano y representante
Y una de las primeras determinaciones que hace Mizón a cargo de este programa es subcontratar a la empresa Luz Verde SPA, por los 4 meses que se extiende el proyecto, por un monto de $197.884.816, equivalente al 55% del presupuesto total. La duda surge al revisar en el SII el giro de esta empresa, ya que es de “servicios de publicidad prestados por empresas”. Sin vinculación alguna, con vida sana, lo que promueve la iniciativa.
El representante legal de Luz Verde SPA es Benjamín Pavón Hidalgo, hermano de Sebastián Mizón, algo que podría representar un conflicto de interés entre los involucrados.
Los pagos a esta empresa, también generan cuestionamientos, puesto que las 18 facturas presentadas a rendir ante el Gobierno Regional se encuentran en tres packs de seis facturas cada uno, y cada grupo de estos documentos tributarios asociados a tres fechas; 21 de septiembre, 21 de noviembre y 20 de diciembre de 2022.
Además, rindieron gastos administrativos que no se encuentran contemplados en ningún proyecto, y no presentaron evidencias tangibles para acreditar que se hayan concretados las actividades del cronograma, como fotografías, encuestas de satisfacción o capacitaciones.
Contratos entre empresas propias
Sebastián Mizón no solo contrató la empresa de su hermanastro para ejecutar este programa del Gore Biobío, sino que también, contrató a tres empresas ligadas a su administración.
Se trata de Inversiones Chicureo Limitada, Agencia Pan Latam Spa, y Administración y Producciones Mandarina Limitada. La primera, emitió tres facturas bajo el concepto de “Producción oficina” por un total de $35,2 millones. Mientras que la segunda hizo lo mismo con 6 facturas por “actividades de difusión” por casi $27,5 millones.
En tanto, Producciones Mandarina también emitió tres facturas, por un total de $28,5 millones por “producción audiovisual”.
En total, las 3 empresas de Mizón se adjudicaron poco más del 25% del presupuesto del proyecto, sumado a lo asignado a su hermano, se estima que cerca de $290 millones (81% del total financiado por el Gore) habrían quedado en manos de los ejecutores.
Al ser consultados en el Gobierno Regional del Biobío por estos detalles, indicaron que “todos los antecedentes forman parte de la investigación que lleva la Fiscalía, basado en la instrucción de la persecutora. Hay una reserva y no podemos entregar mayores antecedentes”, respondió el administrador regional, Iván Valenzuela.
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