El Gobierno decidió decretar Estado de Catástrofe para la Región de Coquimbo y la Provincia de Huasco, en la Región de Atacama, luego que las consecuencias provocadas por las intensas lluvias y el sistema frontal empeoraran considerablemente. La medida fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast desde el Palacio de La Moneda, tras una nueva evaluación del escenario que enfrentan ambas zonas y que evidenció un incremento de las afectaciones sobre la población.
La determinación busca fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar la emergencia, facilitando una coordinación más rápida de los recursos y permitiendo acelerar las acciones destinadas a recuperar la normalidad. El anuncio se produjo después de que el Ejecutivo analizara los últimos antecedentes recopilados durante el monitoreo de la contingencia, los que mostraron un escenario más complejo que el registrado en jornadas anteriores.
Al explicar la decisión, el Mandatario sostuvo que el decreto respondió a un deterioro de las condiciones en los territorios afectados, e indicó "ha ido aumentando en la gravedad por temas de cortes de suministro potable, por temas de desplazamiento de tierras, por aumento de los caudales y cortes de energía eléctrica (...) hemos determinado que se decrete el estado de excepción constitucional en la Región de Coquimbo y la Provincia de Huasco".
La declaración de Estado de Catástrofe también responde a una solicitud que durante los últimos días realizaron autoridades regionales y representantes del mundo político, quienes plantearon la necesidad de activar esta herramienta constitucional para disponer de mayores recursos y agilizar la respuesta pública frente a la magnitud de los daños ocasionados por el sistema frontal.
Qué implica el Estado de Catástrofe
El Estado de Catástrofe corresponde a uno de los cuatro estados de excepción constitucional contemplados por la legislación chilena y puede ser decretado por el Presidente de la República cuando una calamidad pública afecta a una zona determinada del país. Su objetivo es entregar herramientas extraordinarias para enfrentar situaciones que superan la capacidad habitual de respuesta de las instituciones.
Con la entrada en vigencia de esta medida se designa a un jefe de la Defensa Nacional, autoridad que asume competencias para colaborar en el restablecimiento de la normalidad en el territorio afectado. Asimismo, el Presidente puede delegarle otras atribuciones necesarias para coordinar la respuesta frente a la emergencia.
Entre las facultades que contempla este estado de excepción se encuentran restringir las libertades de locomoción y reunión, disponer requisiciones de bienes cuando resulte necesario, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar medidas extraordinarias de carácter administrativo que permitan acelerar el restablecimiento de las condiciones normales en las zonas impactadas por la emergencia.
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