Funcionarios del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil mantienen tomada desde la mañana de este martes 7 de julio la dirección regional del organismo, ubicada en calle Orompello, en el centro de Concepción. La movilización, encabezada por la Asociación Nacional de Trabajadores del Sename (ANTRASE) Biobío y la Asociación Nacional de Funcionarios/as de Reinserción Social (ANFUR Reinserción), busca exigir medidas urgentes frente a los reiterados hechos de violencia que, aseguran, afectan especialmente al centro de internación provisoria y régimen cerrado (IP-IRC) de Coronel.
El presidente regional de ANTRASE Biobío, Raúl Fuentealba, afirmó que las agresiones se han vuelto permanentes y acusó que las autoridades no han entregado respuestas efectivas pese a las reuniones sostenidas durante las últimas semanas. “Esta situación de violencia constante, nuestro centro es el más violento del país, es donde más armas hechizas incautan“, señaló. El dirigente agregó que, según información entregada por Gendarmería, entre enero y junio se encontraron en promedio entre 60 y 70 armas artesanales al mes.
Critican gestión e infraestructura
Desde ANFUR Reinserción, su presidente regional, Alejandro Saavedra, atribuyó la crisis a deficiencias estructurales, de infraestructura y de gestión. “Los jóvenes pueden agredir a un funcionario y no pasa nada“, sostuvo, al cuestionar la falta de herramientas legales para sancionar estas conductas y solicitar que los mayores de 18 años sean derivados a secciones juveniles administradas por Gendarmería. También criticó la ausencia de una dirección regional titular y llamó al Gobierno a asumir un rol más activo en el control del servicio.
Ambas organizaciones señalaron que las demandas no solo apuntan a resguardar la seguridad de los funcionarios, sino también la de los adolescentes que cumplen medidas de internación y que buscan adherir a sus procesos de reinserción. Asimismo, insistieron en la necesidad de mejorar la infraestructura del recinto de Coronel, habilitar la sección juvenil del Complejo Penitenciario Biobío y avanzar en cambios normativos que permitan enfrentar la violencia al interior de los centros sin afectar el objetivo de reinserción social.
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