Una compensación cercana a US$ 11 millones es la que busca obtener la Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta por los sobrecostos que enfrentó durante la construcción de la doble calzada de la Ruta 180 entre Los Ángeles y Huequén. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) pidió al Panel Técnico de Concesiones rechazar la solicitud tras considerar que esos gastos forman parte de los riesgos que debía asumir la empresa.
La controversia se originó a raíz del proyecto que permitió ampliar a doble calzada cerca de 55 kilómetros de la Ruta 180, obra que conecta las regiones del Biobío y La Araucanía. Ahora, el Panel Técnico de Concesiones deberá revisar los antecedentes presentados por ambas partes para luego emitir un recomendación.
¿Por qué la concesionaria pide los US$ 11 millones?
La Sociedad Concesionaria argumentó que entre abril de 2021 y octubre de 2025 enfrentó un fuerte aumento en los costos de construcción debido el incremento en el valor de materiales como el acero, el asfalto y los combustibles, lo que alteró el equilibrio económico del contrato. Por esto, solicitó al Estado una compensación de UF 259.138, equivalentes a cerca de US$ 11 millones.
Además argumentaron que factores como la pandemia del Covid-19, la guerra entre Ucrania y Rusia y la crisis mundial de suministros hicieron subir el valor de insumos esenciales para ejecutar la obra.
La empresa asegura que no pretende recuperar todos los gastos adicionales, sino solo el 64% del sobrecosto que calculó, equivalente a UF 259.138. El resto, correspondiente a UF 146.619, señala que fue asumido con recursos propios.
La respuesta del MOP
El Ministerio de Obras Públicas rechazó la solicitud y pidió que sea desestimada por completo, ya que sostiene que la concesionaria intenta traspasar al Estado costos que corresponden a los riesgos normales de la etapa de construcción.
Para respaldar su postura, el ministerio citó el artículo 22 de la Ley de Concesiones, el que establece que las obras deben ejecutarse “a entero riesgo del concesionario”, incluso cuando existan situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que generen mayores gastos, consignó el Diario Financiero.
El MOP también argumentó que sí entregó apoyo durante el desarrollo del proyecto mediante varias ampliaciones de plazo. Según informó el medio citado, se autorizaron 135 días por los efectos del estallido social y la pandemia, otros 201 días por impactos del Covid-19, 58 días debido a los incendios forestales de 2023 y nuevos plazos asociados a modificaciones técnicas de la obra.
El ministerio cuestiona parte del reclamo
Otro de los argumentos del MOP apunta a que parte de los mayores costos reclamados estaría relacionada con un contrato privado de construcción y con eventuales retrasos en la entrega de terrenos, materias que forman parte de otra controversia distinta.
Por esa razón, el ministerio sostiene que las ampliaciones de plazo ya otorgadas no pueden convertirse en compensaciones económicas que no fueron consideradas cuando se licitó el proyecto ni cambiar las reglas de riesgo establecidas para la concesión
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