Un dictamen de Contraloría confirmó las decisiones tomadas de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, a dos días de asumir como parte del gobierno, como requerir informes sobre funcionarios de la PDI, aún cuando participaban de investigaciones en curso. De esta forma, excediendo sus facultades e incumpliendo su deber de abstención, exigido por su previo rol como fiscal.
En el documento, la contralora Dorothy Pérez confirmó que el 13 de marzo del 2026, Steinert pidió una “nómina detallada” y “pormenorizada” del personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado específica. Por ejemplo, nombre completo, nombre completo, cédula de identidad y grado. Así como antecedentes disciplinarios o penales, sumarios internos, denuncias administrativas u otra información que hubiera ameritado una “remoción”.
Si bien el cargo le permite solicitar información, incluso cuando es reservada o secreta, la exministra también citó una causa RUC específica, excediendo sus atribuciones. Bajo el Código Penal, “en ningún caso podrá solicitar antecedentes cuya divulgación afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación penal en curso“, como era el caso de los funcionarios.
Es decir, solicitó datos que “habrían intervenido en una investigación penal precisa -la que aún se encontraba en curso-. Cuestión que permitiría su individualización y ubicación actual, entre otros elementos que, conforme a la ley, deben ser resguardados“, agregó el dictamen. Por tanto, “excede la facultad general de requerir informes”.
Es más, la contralora recordó que los ministros “están sujetos al señalado deber de abstención“, responsabilidad que incrementa debido a su previo cargo como persecutora. Y resolvió que “no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial”.
Lo que sí y lo que no ocurrió bajo el liderazgo de Steinert
Confirmado que la exministra Steinert sobrepasó sus atribuciones sobre los datos de los funcionarios PDI, el informe de Contraloría reafirmó otro suceso, la salida de la prefecto Consuelo Peña, y desestimó la disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública.
Sobre el retiro de la funcionaria, Pérez señaló que, en medio de esta solicitud de información sensible, “en torno a la juridicidad de la desvinculación de la Prefecto General de la PDI (…) se dispuso el retiro absoluto de esa funcionaria directiva, a contar del 20 de marzo de este año“.
Pero descartó la desintegración de la unidad señalada. “Tal unidad se mantiene en la estructura orgánica y sigue dependiendo directamente del Ministro de Seguridad Pública, de modo que, sobre dicha materia, no se ha producido una vulneración a la citada ley N° 21.730″.
Ministro Arrau: “no voy a emitir juicio de valor”
Consultado al respecto, el sucesor de Steiner, ministro Martín Arrau, indicó que “no voy a emitir juicio de valor sobre eso”, recalcando que “valoramos mucho la labor” de su predecesora. El secretario de Estado insistió en que el ministerio mantiene un rol de coordinación estratégica con otros agentes estatales, como las policías.
Y resaltó la existencia de la Unidad Estratégica, “hoy día, de hecho, llevo ya 3 reuniones con ellos mismos. O sea, hay personas, existe, están encargados de monitorear Fuerzas de Tareas y cosas muy específicas, asesorando directamente al ministro, tal como mandata la ley. Así que el informe de Contraloría, precisamente, se ajusta a la realidad y lo que estamos haciendo”.
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