Aunque la acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda Nicolás Grau superó la votación en la Cámara de Diputadas y Diputados con 77 votos favorables, uno de los aspectos que comienza a marcar el debate es el futuro que tendrá la acción en el Senado. En ese contexto, el diputado Roberto Arroyo reconoció que existe una posibilidad de que la ex autoridad logre sortear el proceso y evitar una eventual sanción política.
La acusación ahora deberá ser revisada por la Cámara Alta, instancia que definirá si los antecedentes expuestos justifican o no una condena. Para Arroyo, el resultado está lejos de estar asegurado, pese al respaldo obtenido en la Cámara.
Consultado por la posibilidad de que Grau logre salvarse de la AC en el Senado, el parlamentario sostuvo “Es probable, pero eso ya corresponde a la otra parte del poder legislativo, que es el Senado, la Cámara Alta”.
La definición quedó en manos del Senado
Tras la aprobación de la acusación, Arroyo destacó que la Cámara consideró que existían antecedentes suficientes para permitir que el proceso avanzara, aunque recalcó que la decisión definitiva ahora corresponde a los senadores. “Esto da paso a que continúe y hoy día la pelota la pasamos al Senado, y son ellos ahora los que tendrán que ver también los méritos de esta acusación, que en la Cámara, sí le encontró los méritos que tiene para poder llevarla a cabo en contra del ex ministro de Hacienda”.
Según explicó, el objetivo de una acusación constitucional no es determinar la existencia de delitos, sino establecer si hubo responsabilidades políticas durante el ejercicio de un cargo público. “No se le acusa de un delito, porque si no estaría en un tribunal, se le acusa a él, es lo que busca esta acusación constitucional, determinar si hay responsabilidades políticas por las cuales se le acusa”.
Los argumentos detrás de la acusación
El legislador indicó que uno de los puntos centrales de la acción presentada contra el ex secretario de Estado apunta a un eventual notable abandono de deberes, relacionado con errores en estimaciones económicas que habrían generado una diferencia cercana a los US$1.500 millones.
“En este caso se le acusa de la numeral de la ley que establece un notable abandono de deberes. Y eso porque se le acusa de haber hecho malos cálculos que terminan en una diferencia de mil quinientos millones de dólares”, indicó el diputado.
Arroyo agregó que la acusación no busca establecer si esos errores fueron intencionales o no, sino evaluar las consecuencias derivadas de dichas decisiones. “Ahí no se puede determinar directamente si lo hicieron también de una manera involuntaria o voluntaria, eso no se puede saber, pero si efectivamente el día tenemos esos márgenes por los cuales se acusó”, manifestó.
Arroyo defiende el rol de contrapeso del Senado
Pese a respaldar el avance de la acusación, el diputado sostuvo que el sistema contempla una segunda revisión precisamente para evitar decisiones apresuradas o motivadas únicamente por mayorías circunstanciales.
Por último, Arroyo aseguró que en caso de que la acusación sea acogida por el Senado, la principal consecuencia para el ex ministro sería la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante cinco años. “Un ministro de estado como funcionario público a lo que se expone es solamente a que no pueda tomar cargos públicos durante cinco años”.
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