La decisión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de darle cierre al programa Mujeres Rurales abrió un nuevo debate sobre el futuro de las políticas públicas dirigidas al mundo rural. La medida, enmarcada en un proceso de ajuste presupuestario, obligó a el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) a terminar el convenio que durante 34 años mantuvo con la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) para apoyar el desarrollo económico y social de mujeres de distintos territorios del país.
La controversia no solo se relaciona con el cierre del programa, sino también con la forma en que se comunicó la decisión. Diversas voces han cuestionado la ausencia de información previa, la falta de una transición clara para las beneficiarias y la incertidumbre que genera en comunidades que dependían de este apoyo para fortalecer sus proyectos productivos.
Uno de los principales cuestionamientos provino del diputado Felipe Camaño, quien acusó falta de información hacia las beneficiarias y criticó la forma en que se comunicó la medida. Ademas mencionó “Sin aviso, sin consulta, sin plan de transición. Solo una frase: no hay presupuesto”.
El parlamentario también manifestó preocupación por las mujeres que ya habían sido seleccionadas para ingresar al programa durante 2026. A su juicio, la decisión genera incertidumbre en familias que veían en esta iniciativa una oportunidad para fortalecer sus emprendimientos y mejorar sus ingresos.
Desde INDAP, en tanto, acotaron la decisión y aseguraron que el apoyo a las mujeres rurales continuará a través de otros instrumentos institucionales. “Reiteramos que el término del convenio Indap-Prodemu no significa que termine el apoyo a las mujeres rurales de parte de nuestra institución. Quienes cumplan con los requisitos para ser usuarias de INDAP seguirán contando con nuestro apoyo”.
Advierten efectos en el mundo rural
La medida también generó reparos entre especialistas. El sociólogo y director de Contextus Ltda., Ernesto Reinoso Rojas, calificó el cierre como una decisión “aberrante” y advirtió consecuencias para las comunidades rurales.
“El programa es único en América Latina y más del 90% de sus beneficiarias lo considera determinante para potenciar sus emprendimientos agrícolas, además de entregar herramientas para su aprendizaje, independencia y empoderamiento”, señaló.
Ernesto sostuvo que la eliminación de Mujeres Rurales podría frenar procesos de autonomía económica en sectores donde las oportunidades suelen ser más limitadas. Según explicó, la independencia financiera constituye un factor clave para reducir condiciones de vulnerabilidad que afectan históricamente a mujeres del mundo rural.
El sociólogo agregó que el cierre también podría acelerar la migración desde zonas rurales hacia centros urbanos, debilitando economías locales y aumentando la informalidad laboral femenina. Además, advirtió que la medida pone en riesgo redes de asociatividad, conocimientos adquiridos y emprendimientos construidos durante décadas de trabajo comunitario.
“Esta medida debe ser revocada, ya que no hablamos solamente de un ajuste de cinturón en lo económico, sino que apunta a un descriterio que escapa a toda racionalidad humana, ética y profesional”, concluyó.
Mientras el debate continúa, el cierre del programa Mujeres Rurales mantiene abiertas las dudas sobre el futuro de las políticas públicas dirigidas al mundo rural y el impacto que tendrá esta decisión en miles de beneficiarias a lo largo del país.
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