La última publicación de Cadem, correspondiente al 11 de junio, reveló que el 83% de los encuestados está de acuerdo con levantar el secreto bancario, es decir, acceder a información bancaria sin autorización judicial previa en caso de operaciones sospechosas vinculadas a lavado de dinero, crimen organizado o funcionarios públicos.
Según reveló la misma encuesta, el 74% de los consultados está de acuerdo con que, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, el Estado debe poder acceder más rápido a información bancaria sospechosa. Por el contrario, solo un 13% está en desacuerdo con levantar el secreto bancario, y un 22% está a favor de que siempre debe existir autorización judicial previa para acceder a información bancaria.
Estos datos llegan luego que, esta semana, el Senado rechazara por segunda vez un proyecto que busca levantar el secreto bancario, por lo que la iniciativa pasará a discutirse en una Comisión Mixta, compuesta por diputados y senadores.
Mayoría aprueba levantar el secreto bancario según Cadem: ¿Cómo funciona actualmente y qué se pretende cambiar?
La iniciativa busca que entidades como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dependiente del ministerio de Hacienda, pueda acceder a determinados antecedentes bancarios por una vía administrativa y no mediante una autorización judicial previa.
Actualmente, en caso de sospecha de delito, Fiscalía debe pedirle autorización a un juez para poder acceder a una cuenta bancaria y revisar los movimientos, lo que puede demorar aproximadamente un mes. Levantar el secreto bancario significa que ya no sería necesaria esa autorización judicial, si no sólo un permiso administrativo, lo que se obtendría de manera mucho más rápida.
Gobierno y partidos del oficialismo defienden el secreto bancario
Al respecto, el diputado Benjamín Moreno, del Partido Republicano, sostuvo que levantar el secreto bancario “es un peligro absoluto para los derechos básicos de las personas, que de manera administrativa puedas tener a funcionarios fisgoneando en las cuentas bancarias de cada persona”.
Por el otro lado, el senador Diego Ibáñez, del Frente Amplio, lamentó que se haya rechazado la iniciativa señalando que “hoy se está accediendo a las cuentas corrientes para hacer pagar la deuda del CAE, pero no se accede administrativamente para perseguir una operación sospechosa“.
En tanto, el Gobierno de José Antonio Kast defiende la postura de los partidos del oficialismo, que es mantener la obligación de la autorización del juez para proteger la privacidad de las personas. Sin embargo, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, explicó que están dispuestos a avanzar en legislar para apurar el tiempo que tarde un juez en levantar el secreto bancario.
“Entendemos de que hay algunos aspectos, por ejemplo el de la rapidez, el de la inmediatez y por lo tanto estamos dispuestos a avanzar en ese sentido”, afirmó García Ruminot.
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