En medio de la polémica por los embargos que está realizando la Tesorería General de la República (TGR) a personas con deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), el Segundo Juzgado Civil de Rancagua dejó sin efecto una deuda tributaria superior a los $30 mil millones que mantenía una empresa chilena con el Fisco.
Se trata de la Comercializadora Cugat, empresa que se vio beneficiada con un fallo donde se declaró prescrita una deuda que, entre capital, intereses, reajustes y multas, superaba los $30.232 millones. Todo esto, porque la TGR dejó pasar tres años y no cobró la deuda.
La sentencia estableció que el Estado de Chile disponía de un plazo de tres años para ejercer las acciones de cobro correspondientes. Sin embargo, de acuerdo al Poder Judicial, Tesorería “no ejerció acciones para interrumpir la prescripción”, es decir, no realizó las gestiones de cobro necesarias dentro de ese período. Cumplido ese plazo, la empresa solicitó a la justicia que se declarara formalmente extinguida la deuda, petición que el tribunal acogió.
Y además de declarar prescrita la deuda, el fallo ordenó eliminar a Comercializadora Cugat de los registros de deudores morosos, cerrando así un proceso que involucraba una millonaria obligación tributaria con el Estado.
Tesorería descarta negligencia por la prescripción de millonaria deuda que empresa mantenía con el Fisco
Por su parte, la TGR descartó que existiera falta de diligencia en la recuperación de los recursos fiscales. De hecho, según explicó el organismo, efectuaron todas las acciones de cobro que permitía la normativa vigente. Pero, según su versión, no hallaron patrimonio sobre el cual cobrar.
“La empresa cuya deuda tributaria se declaró prescrita fue sometida a todas las acciones de cobro posibles y TGR realizó múltiples indagaciones de bienes ante bancos, instituciones financieras y Conservadores de Bienes Raíces, no encontrándose activos sobre los cuales pudiera ejecutarse la deuda tributaria”, señalaron.
Asimismo, añadieron que “la prescripción de la deuda no obedece en forma alguna a falta de gestión por parte de TGR, sino a la aplicación de los procedimientos establecidos en el Código Tributario y en la normativa vigente, para aquellos casos en que no existen bienes o patrimonio sobre los cuales hacer efectiva la cobranza”.
La resolución se conoció en medio de la indignación que generaron los procedimientos de cobro que realiza la Tesorería contra deudores del CAE, especialmente tras la revelación de miles de embargos a cuentas bancarias, las cuales en muchos casos terminaron vacías, con $0.
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