¿Por qué presentaron una acusación constitucional contra Nicolás Grau? Esa es la pregunta que surgió luego que diputados del Partido Nacional Libertario (PNL), liderados por Johannes Kaiser, ingresaran un libelo de más de 40 páginas contra el exministro de Hacienda, documento que también fue apoyado por parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) y un congresista de Renovación Nacional (RN).
Aunque Grau dejó el cargo el pasado 11 de marzo, la acusación constitucional puede avanzar debido a que los exministros mantienen responsabilidad política y administrativa hasta tres meses después de abandonar sus funciones. Y si bien la Cámara aprueba el libelo y posteriormente el Senado juzga, la sanción implica que el acusado no podrá ejercer ninguna función pública durante cinco años. Pero, ¿cuáles son los motivos?
Por qué la acusación constitucional contra Grau
La acusación sostiene que existieron infracciones a la Constitución y a las leyes que regulan la administración financiera del Estado, además de un presunto comportamiento irresponsable que habría afectado las cuentas fiscales, pese a reiteradas advertencias de organismos especializados, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
Según el documento presentado por la oposición, Nicolás Grau habría vulnerado normas constitucionales y principios básicos de responsabilidad fiscal durante su gestión al frente del Ministerio de Hacienda. En concreto, una vulneración al artículo 8° de la Constitución, que establece que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad”. En consecuencia, según el libelo, las decisiones adoptadas por el exsecretario de Estado habrían provocado un deterioro de la situación fiscal del país.
Los cargos que incluye la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la supuesta subestimación del déficit fiscal. De acuerdo con el texto se proyectó un déficit de -1,8% del PIB para 2026, cifra que posteriormente fue corregida a -2,9% del PIB, lo que representa una diferencia cercana a un punto porcentual del Producto Interno Bruto.
El segundo cargo se refiere a una presunta omisión de gastos comprometidos por el Estado. Según los acusadores, las proyecciones originales no consideraron obligaciones vigentes como reajustes del sector público e incrementos previsionales, pese a las advertencias formuladas por el Consejo Fiscal Autónomo.
Las inconsistencias fiscales que cuestiona el oficialismo
La acusación también apunta a una supuesta inconsistencia en las cifras de deuda pública. De acuerdo con el documento, mientras los déficits fiscales acumulados aumentaron en $13,5 billones, la deuda bruta habría crecido solo $3,9 billones, situación que los diputados oficialistas consideran insuficiente. A ello agregan que la deuda pública ya supera el umbral considerado prudente del 45% del PIB.
Otro de los capítulos habla sobre un eventual incumplimiento de la regla fiscal. Los acusadores afirman que el cierre fiscal registró un déficit equivalente al -3,7% del PIB, superando ampliamente la meta oficial de -1,6% del PIB.
Las advertencias del FMI y del Consejo Fiscal Autónomo
El libelo señala también que tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Consejo Fiscal Autónomo realizaron observaciones sobre la situación de las cuentas públicas de Chile y los riesgos fiscales. Sin embargo, los parlamentarios aseguran que dichas advertencias no fueron consideradas adecuadamente por Grau, contribuyendo al deterioro de los indicadores fiscales.
Qué puede pasar ahora con Nicolás Grau
Tras ingresarse el documento íntegro, el oficialismo busca reunir los votos necesarios para que la acusación avance en el Congreso, primero en la Cámara y después en el Senado.
El primer paso de este proceso se realizó este martes 9 de junio, con el sorteo de los diputados y diputadas que revisarán la acusación constitucional. Los designados para realizar un informe no vinculante para la Cámara son en su mayoría de oposición y corresponden a los parlamentarios Carlos Bianchi (Independiente-PPD), Marcela Hernando (Partido Liberal), Alejandro Bernales (Partido Liberal), Luis Fernando Sánchez (Republicano) y Joanna Pérez (Movimiento Demócratas).
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