Continúa la investigación sobre la denuncia de una violación grupal en contra de una estudiante de la Universidad San Sebastián (USS) Concepción. Luego que tres de los imputados se presentaran voluntariamente a declarar en el cuartel de la PDI, el cuarto sujeto identificado llegó el pasado jueves a la sede de Angol, pudo confirmar SABES.
Las diligencias buscan esclarecer los hechos acusados por la víctima, sobre vejámenes sexuales, para los que no dio su consentimiento, a manos de cuatro hombres. Tras ingresar la denuncia a Fiscalía en marzo, a fines de mayo compartió un descargo en redes sociales.
El miércoles 3 de junio, el abogado de tres imputados, Juan Claudio Sandoval, señaló que “ellos manifiestan haber tenido una dinámica de contenido sexual y consentido por la víctima”. Detectives de la Brigada de Delitos Sexuales les tomaron testimonio y aplicaron pruebas de ADN a través del hisopado bucal.
Dos de los imputados son exestudiantes de la USS Concepción, mientras que el tercero es un civil. El cuarto, que declaró el jueves 4 de junio, pertenece a otra casa de estudios, indicó el mismo abogado, aunque no pertenece a su defensa.
Desde Sernameg, la directora regional Bárbara Monsalves, llamó a “abordar estos casos con responsabilidad, evitando la difusión de antecedentes reservados, especulaciones o cuestionamientos hacia la víctima. Ninguna mujer debe ver afectada su credibilidad por denunciar ni ser expuesta a juicios sobre sus decisiones personales o las circunstancias previas a los hechos investigados”.
Sernameg pide reserva de la investigación
En la misma línea, el Servicio llamó a la reserva de los antecedentes sobre la denuncia de violación grupal en Concepción. “Es una herramienta de protección para las víctimas. Su objetivo es evitar la revictimización, resguardar su privacidad y permitir que la investigación se desarrolle de manera adecuada”.
A fines de mayo, este adoptó la responsabilidad jurídica de la víctima y presentó una querella contra todos quienes resulten responsables. “La violencia sexual constituye un delito de extrema gravedad que debe ser investigado con diligencia, resguardando tanto la protección de la víctima como las garantías del debido proceso”, declaró.
“Como Servicio, seguiremos enfocados en acompañar a la víctima, resguardar sus derechos y contribuir al acceso a la justicia durante todo este proceso”.
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