Miles de empleadores en Chile comenzarán a enfrentar desde este 1 de junio un cambio en el cobro de cotizaciones previsionales impagas. La entrada en vigencia del nuevo Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones, conocido como SUCC, modificará a manera en que las AFP, el IPS y otras instituciones perseguían las deudas previsionales, en un intento por acelerar la recuperación de fondos adeudados a trabajadores y reducir la enorme cantidad de procesos paralelos que existían hasta ahora.
La medida forma parte de la Reforma Previsional y comenzará a aplicarse de manera progresiva durante 2026. El principal cambio es que las deudas previsionales dejarán de cobrarse por separado. Hasta hoy, un mismo empleador podía acumular distintos juicios simultáneos con AFP, IPS y otros organismos, incluso por una sola deuda. Eso provocaba trámites repetidos, demoras judiciales y una gestión mucho más lenta para recuperar recursos que pertenecen a los trabajadores.
El cambio que comenzará a regir desde este lunes
Con la implementación del SUCC, las cotizaciones impagas pasarán a gestionarse mediante un proceso único y centralizado. Esto significa que si una empresa mantiene deudas previsionales, la cobranza será coordinada en una sola gestión, independiente de si existen montos pendientes con una AFP, el IPS o el Seguro Social Previsional.
Hasta ahora, cada AFP debía iniciar sus propios procedimientos de cobranza, incluso cuando las deudas pertenecían al mismo empleador. Esa duplicidad generaba sobrecarga en tribunales y retrasaba los procesos judiciales.
Desde junio, el nuevo modelo operará bajo una estructura coordinada que permitirá centralizar información, compartir antecedentes entre organismos públicos y dar seguimiento completo a cada etapa de la cobranza previsional.
Lo que seguirá funcionando exactamente igual
Pese al nuevo sistema de cobranza, la forma de declarar y pagar cotizaciones previsionales no cambiará. Los empleadores continuarán utilizando Previred y mantendrán los mismos plazos que existen actualmente.
El cambio apunta únicamente al mecanismo de recuperación de las deudas previsionales, para acelerar los procesos y evitar que una misma empresa enfrente múltiples demandas separadas por cotizaciones impagas.
Qué pasará con los empleadores que mantengan deudas
El proceso comenzará con una etapa prejudicial. La Tesorería General de la República será la encargada de notificar a los empleadores mediante avisos escritos o electrónicos para informar las cotizaciones impagas y entregar un plazo para regularizar la situación antes de llegar a tribunales.
En esta etapa, las empresas podrán pagar a través de Previred tal como ocurre actualmente. Sin embargo, si la deuda no es regularizada, el caso avanzará a cobranza judicial dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.
La ley establece que las deudas originadas por declaraciones y no pago deberán judicializarse dentro de un plazo máximo de 270 días corridos desde el cierre del período correspondiente.
Además del dinero adeudado, los empleadores también deberán pagar reajustes, intereses y los costos asociados al proceso judicial. Eso significa que mientras más tiempo pase sin regularizar las cotizaciones, mayor será el monto final que deberá asumir la empresa.
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