Los partidos de oposición de la Región del Biobío cuestionaron el anuncio del Presidente José Antonio Kast sobre el proyecto de “Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”, presentado en cadena nacional el pasado 15 de abril.
Según partieron señalando, específicamente el Frente Amplio, Democracia Cristiana, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical, Acción Humanista, Partido Liberal y la Federación Regionalista Verde Social mediante un comunicado oficial, la propuesta no respondería a las necesidades de las familias afectadas por los incendios en la zona.
“No fue un plan para levantar lo quemado, sino la confirmación de una agenda ideológica”, indicaron, agregando que se trataría de “más privilegios para quienes más tienen, a costa del bolsillo y la esperanza de las mayorías”.
Uno de los principales puntos abordados por la oposición es la reforma tributaria incluida en el anuncio presidencial. Según plantean, esta medida, que considera reducir el impuesto a grandes empresas y eliminar la tributación a ganancias de capital, no estaría orientada directamente a la reconstrucción y se trataría mas bien de una “utilización del dolor para beneficiar a los más ricos”.
“El núcleo central de su anuncio no consistió en medidas concretas sobre vivienda, subsidios directos o recursos inmediatos para quienes lo perdieron todo, sino en una reforma tributaria estructural que nada tiene que ver con levantar casas”, afirmaron.
Rechazo categórico
Asimismo, advirtieron sobre eventuales efectos fiscales de la iniciativa. “Para solventar el beneficio a los sectores más ricos, el Estado se verá obligado a recortar más de 4 mil millones de dólares del gasto público anual”, señalaron, apuntando a posibles impactos en áreas como salud, educación y programas sociales, además de la inversión en regiones.
En materia ambiental, también manifestaron preocupación por eventuales cambios en la protección de ecosistemas locales, particularmente el humedal Rocuant-Andalién y el humedal Picaví. Según indicaron, el proyecto del Ejecutivo podría “acelerar los plazos de evaluación ambiental” y establecer mecanismos de compensación a empresas en caso de revocación de permisos.
Sumado a eso, aseguraron que “la oposición no permitirá que se destruya el humedal Paicaví ni ningún otro territorio para favorecer negocios inmobiliarios o industriales, mientras el Estado se retira y las familias continúan sin acceso a viviendas dignas.”
En cuanto a seguridad pública, la oposición cuestionó la efectividad de las medidas anunciadas por el Gobierno. “La escalada represiva sin inversión social ni prevención comunitaria no constituye una solución sostenible”, sostuvieron, junto con advertir que en comunas del Biobío se mantienen altos niveles de violencia.
Según aseguró Carlos Felipe Nova, presidente del Frente Amplio Biobío, “esta reforma es negativa para el país y por eso no avanzará”.
Finalmente, los partidos opositores reiteraron su rechazo al proyecto, señalando que lo consideran “perjudicial para los trabajadores, para la clase media, para el medioambiente y para el futuro de nuestra región”, y llamaron al Ejecutivo a priorizar recursos en áreas como reconstrucción, salud, educación y empleo.
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