Los abogados Jorge Montecinos Araya y José Luis Diez Schwerter presentaron una querella criminal en representación de familiares de once personas fallecidas durante los incendios que afectaron el sector de Penco–Lirquén, en la Región del Biobío, los días 17 y 18 de enero de 2026. La acción fue ingresada el 27 de febrero ante el Juzgado de Garantía de Concepción y el pasado 2 de marzo el tribunal la declaró admisible, ordenando remitir los antecedentes al Ministerio Público para iniciar la investigación.
En el escrito judicial se solicita al tribunal “tener por interpuesta querella criminal en contra de quienes resulten responsables, según sus correspondientes acciones u omisiones, del delito de incendio con resultado de muerte y de los cuasidelitos de homicidio”, en relación con el fallecimiento de once personas en medio de la emergencia forestal.
De acuerdo con los antecedentes incluidos en la presentación, los incendios comenzaron entre la tarde del 16 y 17 de enero de 2026, con múltiples focos activos en la Región del Biobío. Entre ellos se mencionan “Trinitarias”, “Rancho Chico” y “Buen Retiro”. El fuego partió en zonas rurales o forestales y luego avanzaron hacia sectores residenciales. Las llamas impactaron especialmente zonas de interfaz entre bosque y áreas urbanas en la comuna de Penco, como Punta de Parra, GeoChile y Ríos de Chile.
Querella subraya la gestión de la emergencia
La querella también incorpora antecedentes sobre la gestión de la emergencia, especialmente respecto a la activación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). Según una respuesta obtenida vía transparencia desde SENAPRED, el primer mensaje de evacuación para la comuna de Penco habría sido enviado cerca de las 18:26 horas del 17 de enero, y solo para el sector El Durazno. Posteriormente se emitieron otros avisos durante la noche del 17 de enero y con mayor intensidad en la madrugada del 18, entre 00:14 y 02:18 horas, cuando el incendio ya se encontraba desplegado en zonas habitadas.
El documento también menciona antecedentes que deberán ser investigados, vinculados a la coordinación institucional durante la emergencia. Entre ellos se incluye el momento en que se autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas tras la declaración del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en la Región del Biobío, medida adoptada recién avanzado el 18 de enero mediante decreto supremo, cuando el incendio ya había afectado zonas urbanas y provocado víctimas fatales. Asimismo, se alude a posibles falencias en medidas preventivas, como la limpieza de material combustible en zonas de interfaz o la existencia de cortafuegos, cuyo objetivo es reducir el riesgo de propagación del fuego. La acción judicial busca que el Ministerio Público esclarezca el origen de los incendios, los factores que facilitaron su expansión y las eventuales responsabilidades legales.
El documento también menciona antecedentes que deberán ser investigados, vinculados a la coordinación institucional durante la emergencia. Entre ellos se incluye el momento en que se autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas tras la declaración del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en la Región del Biobío. Esta medida fue adoptada recién avanzado el 18 de enero mediante decreto supremo, cuando el incendio ya había afectado zonas urbanas y provocado víctimas fatales.
Piden indagar sobre medidas preventivas
Asimismo, se alude a posibles falencias en medidas preventivas, como la limpieza de material combustible en zonas de interfaz o la existencia de cortafuegos. Estas acciones tienen como objetivo reducir el riesgo de propagación del fuego.
La acción judicial busca que el Ministerio Público esclarezca el origen de los incendios. También pretende determinar los factores que facilitaron su expansión y las eventuales responsabilidades legales que pudieran existir.
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