El ministro de Justicia y DDHH, Jaime Gajardo, se mostró visiblemente afectado tras la votación del Senado que aprobó en general el proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para personas de avanzada edad.
La iniciativa fue aprobada por la Camara Alta por 23 votos a favor y 22 en contra. Con ello, el proyecto continuará su tramitación legislativa y se fijó como plazo el 16 de marzo para la presentación de indicaciones. La propuesta podría beneficiar a internos de recintos penitenciarios como Punta Peuco.
Así consignó con 24 Horas, el secretario de Estado expresó su preocupación por el impacto que la medida podría tener en las víctimas y sus familias. Tras conversar con la dirigenta de familiares de detenidos desaparecidos, Gabi Rivera, Gajardo explicó que la situación ha generado un profundo dolor en ese grupo.
“Para ella es un día terrible. Han sufrido 50 años y vuelven a ver cómo lamentablemente los poderes públicos no están a la altura. Entonces, es realmente terrible”, afirmó el ministro.
Qué establece el proyecto de cumplimiento alternativo de penas
La propuesta plantea que los condenados hombres de 70 años o más, mujeres de 65 años o más, o personas que padezcan enfermedades graves o terminales puedan cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario total, en lugar de permanecer en un recinto penitenciario.
Durante la discusión previa, Gajardo advirtió que la iniciativa presenta “falencias técnicas realmente importantes” y cuestionó que avanzara sin un análisis previo en una comisión especializada. “El Ministerio de Justicia nunca estuvo de acuerdo con este proyecto. También lo advirtió la Corte Suprema en un informe contundente sobre sus problemas técnicos”, señaló.
Asimismo, el ministro sostuvo que la aprobación en general de la propuesta representa un retroceso en materia de derechos humanos. “Hoy es un día negro para la democracia en nuestro país. El proyecto que se ha aprobado en general va en contra de lo que ha hecho nuestro país en materia de derechos humanos. Vuelve a victimizar a los familiares de las miles de personas que fueron víctimas de la dictadura”, concluyó.
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