Un comerciante de nacionalidad dominicana habría sido secuestrado la noche del martes en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana, cuando regresaba a su domicilio junto a su pareja. El hecho quedó al descubierto tras un mensaje que recibió la mujer horas después, donde los captores exigían $30 millones en efectivo y objetos de valor a cambio de su liberación.
Según antecedentes preliminares, el delito ocurrió cerca de las 23:50 horas, cuando la víctima y su pareja, se dirigían a su vivienda en calle Pablo Urzúa, en el sector nororiente de la comuna. En ese momento, un vehículo les bloqueó el paso.
Desde el automóvil descendieron dos sujetos a rostro descubierto, quienes abordaron directamente al comerciante. Tras reducirlo, lo obligaron a subir al vehículo, que posteriormente escapó en dirección sur por calle Huánuco. Desde entonces, no se conoce su paradero.
Habrían exigido $30 millones por WhatsApp tras el secuestro
Vía WhatsApp, la mujer habría recibido una fotografía del comerciante atado de pies y manos. Junto con la imagen, exigieron el pago de $30 millones en efectivo y joyas, las que debían ser entregadas en calle Santo Domingo, en la comuna de Quinta Normal.
De acuerdo con lo que ha trascendido, antes del secuestro el comerciante habría recibido amenazas, aunque hasta ahora no se han detallado las características ni el origen de éstas.
Alcalde de Independencia entregó detalles del caso
El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, abordó el caso en el matinal “Contigo en la mañana”, y explicó que a los pocos minutos del hecho, personal municipal llegó al lugar para acompañar a la esposa del comerciante, incluso antes de la llegada de Carabineros. Posteriormente, alrededor de media hora después, se produjo el primer contacto de los secuestradores.
“Ellos llamaron a la mujer, le enviaron una imagen de su esposo amarrado en el lugar, y demandaron una cifra millonaria para dejarlo ir, la cual podía ser cancelada en dinero o especies”, señaló el jefe comunal, detallando la dinámica de la extorsión.
Iglesias destacó la existencia de un teléfono municipal de contacto directo con vecinos, mecanismo que permitió recibir rápidamente la alerta y despachar apoyo al lugar tras el secuestro.
Vecinos denuncian deterioro del sector
En paralelo, el alcalde sostuvo que vecinos del sector han manifestado preocupación por el aumento de conflictos en el barrio. Según indicó, tras la instalación de un edificio con más de 600 departamentos, residentes aseguran que comenzaron problemas como fiestas frecuentes, prostitución y otros hechos que han alterado la convivencia.
El jefe comunal criticó además la demora en la instalación de cámaras de seguridad en el sector, el que calificó como “zona roja”. A su juicio, el proceso ha tardado más de un año debido a la burocracia, lo que ha impedido reforzar la vigilancia en un área considerada de riesgo.
El Ministerio Público instruyó que la investigación quedara en manos de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó las primeras diligencias y mantiene el contacto con los captores en el marco de las indagatorias.
Hasta el momento no se ha informado sobre avances concretos en la liberación de la víctima ni la identidad de los responsables.
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