La Fiscalía inició una investigación indagar eventuales delitos vinculados al uso de recursos públicos destinados a la reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024. La decisión se adoptó luego de los informes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), los que detectaron millonarias irregularidades en los procesos de demolición de viviendas siniestradas.
Las fiscalizaciones realizadas por el órgano contralor incluyeron a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué, además de la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Según los informes, se identificaron pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de 586 millones de pesos, gastos improcedentes, posibles sobreprecios y un uso injustificado del trato directo. A ello se suman falencias en los sistemas de control y trazabilidad de las ayudas entregadas a las personas damnificadas.
Frente a estos antecedentes, el Ministerio Público confirmó que abrirá una investigación penal por hechos que podrían constituir delitos, específicamente en el proceso de demolición de viviendas afectadas por los incendios ocurridos en febrero del año pasado.
Desde la Fiscalía Nacional, el director de la Unidad Anticorrupción, Eugenio Campos, explicó que ya se recibió documentación clave por parte de la Contraloría. “Hemos recibido diversos informes de la Contraloría General de la República respecto a informes de carácter final ejecutados de la Dirección Regional de Arquitectura. Estos inciden efectivamente en los lamentables episodios y siniestros de incendio ocurrido en el mes de febrero del año 2024 en la región de Valparaíso”.
De acuerdo con el Ministerio Público, los antecedentes entregados por la CGR dan cuenta de “graves irregularidades en el proceso de demolición de las viviendas siniestradas”, lo que motivó el inicio de diligencias penales.
En esa línea, el fiscal a cargo detalló el alcance de la indagatoria y los montos involucrados. “Un centenar de viviendas y los cuales estarían comprometidos fondos públicos por una cifra superior al menos al día de hoy a los 1.100 millones de pesos. Atendida la gravedad de los antecedentes recibidos y analizados estos desde la Fiscalía Nacional que pueden constituir eventualmente delitos, fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para el desarrollo de cada una de las diligencias y el éxito de la investigación”.
La causa quedó ahora en manos de la Fiscalía Regional de Valparaíso, que deberá determinar las eventuales responsabilidades penales asociadas al uso de fondos públicos en el proceso de reconstrucción tras la emergencia.
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