La concejala de San Pedro de la Paz, Camila Ortiz, ingreso el martes 27 de enero un oficio ante la Contraloría Regional del Biobío solicitando fiscalización y pronunciamiento por eventuales irregularidades en los procesos de desvinculación de personal con contrato indefinido de la Dirección de Administración de Salud Municipal (DAS).
El requerimiento pide revisar la legalidad de los actos administrativos de cese, la correcta fijación de la dotación de salud, el cumplimiento del Estatuto de Atención Primaria y la determinación de las indemnizaciones pagadas a los funcionarios desvinculados, entre otros aspectos vinculados a la gestión municipal en el área de salud.
Al respecto, la concejala explicó que la presentación busca aclarar si las decisiones adoptadas por la administración se ajustaron a la normativa vigente. “Nosotros estamos haciendo esta presentación en la Contraloría General de la Región del Biobío, principalmente para pedir pronunciamiento y fiscalización ante la los despidos o desvinculaciones de personal indefinido de la Dirección de Administración de Salud”, señaló.
Diferencia de interpretación importante con la administración
Ortiz detalló que el oficio solicita fiscalización en tres áreas clave: la fijación de la dotación, la existencia de una planificación sanitaria vigente y el cálculo de los finiquitos. “Tenemos una diferencia de interpretación importante con la administración. Así que esperamos que la Contraloría se pueda pronunciar respecto a si los actos administrativos se ajustaron a derecho”, indicó.
La concejala también cuestionó que las desvinculaciones hayan generado un ahorro real para el municipio, asegurando que la situación crítica en los centros de salud se mantiene. “El ahorro finalmente se ha destinado a contratar médicos que se habían desvinculado y además el costo de indemnizaciones fue bastante alto. Entonces, en realidad un ahorro significativo al día de hoy no lo hemos visto”, afirmó.
Finalmente, Ortiz advirtió falta de certeza jurídica en el proceso, señalando observaciones en la fijación de la dotación, modificaciones posteriores y la inexistencia de un plan de salud vigente al momento de las desvinculaciones. Según precisó, el oficio involucra a 11 funcionarios con contrato indefinido que presentarían problemas en el cálculo de sus finiquitos, motivo por el cual solicitaron la intervención del órgano contralor.
Spoerer cuestiona la acción de Ortiz
Sin embargo, desde el municipio, el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, respondió a la acción de la concejala y cuestionó sus motivaciones. “Desde su labor fiscalizadora, la concejala ejerce su legítimo derecho. Sin embargo, a la luz de los hechos, lo que hace es puro oportunismo político y bastante burdo por lo demás”, sostuvo, agregando que durante administraciones anteriores existían graves problemas financieros en la DAS que, a su juicio, no fueron fiscalizados oportunamente.
El jefe comunal afirmó que la actual administración asumió una situación crítica, con deudas previsionales y un desorden financiero arrastrado por años, lo que obligó a tomar decisiones complejas. “Nos tocó asumir una situación crítica, imposibilitados de pagar hasta cotizaciones previsionales y tuvimos que tomar decisiones difíciles, dolorosas, pero responsables”, indicó, asegurando que se resguardó la atención de los usuarios y el personal médico.
El alcalde también recalcó que el proceso fue respaldado por organismos técnicos. “El proceso fue propuesto por el Ministerio de Salud, así como revisado y validado por el Servicio de Salud Concepción, que es la autoridad técnica. Aquí se actuó con respaldo profesional ilegal y no con cálculos políticos”, afirmó.
Finalmente, aseguró que el municipio colaborará con la fiscalización solicitada y defendió la legalidad de las decisiones adoptadas. “Al no tener nada que esconder, vamos a entregar absolutamente todos los antecedentes que contraloría nos solicite producto de esta fiscalización”, sostuvo, agregando que las acciones judiciales impulsadas contra el municipio han sido rechazadas en distintas instancias, incluyendo la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema y tribunales laborales.
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