Más de 70 personas están imputadas por su participación en una red de corrupción dentro del sistema penitenciario que desbarató la Operación Apocalipsis. El número de funcionarios de Gendarmería involucrados ascendió a 47 luego que se entregara el último gendarme prófugo.
Con el inicio de la formalización en el 12vo Juzgado de Garantía, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció que el jueves 18 de diciembre interpuso una querella en contra de 42 empleados públicos ante el mismo tribunal.
El recurso persigue los delitos de cohecho y soborno, “sin perjuicio de otros ilícitos, tales como asociación criminal, lavado y falsificación documental” que se puedan acreditar en la investigación. Este también apunta a 35 civiles por el delito de soborno.
La red criminal operaba principalmente al interior de recintos penitenciarios de la Metropolitana, como el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín y Santiago 1. También tenían presencia en el Biobío, resultando en siete funcionarios de la región detenidos, uno de ellos de la cárcel El Manzano.
Dentro de la querella, el CDE mencionó que la Operación Apocalipsis reconoció que desde el 2020 hasta la fecha, personas con cargos habrían “solicitado, aceptado y/o recibido prestaciones económicas” para permitir el ingreso de personas no autorizadas en calidad de visita. Estas prestaciones fueron en dinero en efectivo y transferencias bancarias.
A la vez, facilitaron “la introducción y circulación de especies ilícitas en el interior de los recintos penitenciarios, tales como celulares y drogas, entre otras, ingresándolas directamente u omitiendo los controles reglamentarios”. Lo anterior, a través de acciones coordinadas entre reos, personas en libertad y gendarmes.
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