Tras detectar una tala ilegal de árboles en Chiguayante, autoridades del Biobío anunciaron una serie de medidas para el resguardo y protección del Parque Nacional Nonguén, además de la presentación de una denuncia por el repudiable delito.
La información fue entregada desde el mismo recinto, tras una reunión que contempló a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi) de Medioambiente, Agricultura y Bienes Nacionales.
Primero, el seremi de Bienes Nacionales, Sebastián Arteaga, confirmó la presentación de una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Chiguayante, contra quienes resulten responsables del delito de sustracción de madera y otros ilícitos que puedan ser revelados durante la investigación.
En tanto, el director (s) de Conaf, Pablo Gajardo, resumió las acciones que han tomado las instituciones desde la detección de aquel ilícito. “Se hizo la denuncia al Ministerio Público, se han incrementado los patrullajes preventivos y disuasivos, se han instalado cámaras trampa para detectar patentes o movimiento en horarios cuando no haya patrullajes”, afirmó.
“Estos robos no son la primera vez que pasan”
Pamela Gatti, seremi de Agricultura, señaló que “estos robos no son la primera vez que pasan. Estamos haciendo acciones concretas, en coordinación con distintas instituciones para fortalecer la fiscalización. Carabineros va a aumentar los patrullajes, junto a los guardaparques que también serán más. Igualmente se aumentarán los kilómetros sujetos a fiscalización y resguardo de esta área protegida”.
Sobre el propio Parque Nacional Nonguén, el seremi de Medioambiente, Pablo Pinto, destacó que “es un parque periurbano, que está en tres comunas del Gran Concepción (Hualqui, Chiguayante y Concepción). Tiene una relevancia fundamental porque es un bosque nativo único en el centro sur de Chile. Por esto, necesita una protección especial”.
En esta línea, el seremi Pinto añadió que “estamos trabajando en la implementación de un servicio llamado ‘Biodiversidad y Áreas Protegidas’, que viene de la mano de la Ley 21.600. Esto implica una modernización del sistema nacional de áreas protegidas y trae consigo nuevas herramientas de fiscalización y financiamiento”.
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