Imputado por caso casinos clandestinos acusa irregularidades en cadena de custodia de evidencias

Malestar existe entre los imputados del caso casinos clandestinos, a raíz de la custodia de las maquinas que se incautaron en los allanamientos a los recintos.

Y es que desde la Fiscalía, les informaron que los recintos en donde se encuentran estas más de 1.600 máquinas de azar, hablamos de cinco bodegas distribuidas a nivel nacional se financian por parte de la Asociación de Casinos de Juegos, entidad que es querellante en la causa.

El abogado defensor en la causa, Giovanni Gotelli indicó que “el reglamento de custodia lo permite, pero ellos no pueden perder esta cadena de custodia. La misma Fiscalía reconoce que no saben quiénes son los propietarios de las bodegas, o quienes transportaron las especies”.

En tanto, la fiscal del caso, Pamela Lillo justificó este hecho, en que el ente persecutor no tiene los espacios necesario para almacenar esta prueba, por lo que la Asociación de Casinos les brinda este apoyo.

Lillo enfatizó que en ningún minuto la Fiscalía perdió la cadena de custodia de estas máquinas, las que están bajo supervisión de la PDI en estas bodegas facilitadas por el querellante.

Aunque esto último no deja tan conformes a los intervinientes, puesto que se transforman en juez y parte en una causa donde tienen intereses.

Revisión de cautelares de imputado en caso casinos clandestinos

En tanto, durante este jueves, uno de los imputados en la causa buscó rebajar su medida cautelar de arresto domiciliario total, lo que fue negado por la jueza Tania Galgani.

En la audiencia, el defensor Giovanni Gotelli fundamentó en que “mi defendido lleva un año con arresto domiciliario total, lo que se está transformando en una pena anticipada. Por lo que uno empieza a dudar si es necesario que se mantenga esta medida cautelar y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer”.

“Existe arraigo familiar, irreprochable conducta anterior y mi representado tenía patentes comerciales, pago de tributos e inicio de actividades en tres comunas; Coyhaique, Traiguén y Angol”, añadió.

Además, Gotellí complementó con que “en diciembre de 2024, se solicitó una pericia contable que a Septiembre aún no se nos remite a la nuestra parte. En un peritaje de la PDI al supuesto asociado de mi defendido, este no aparece en ningún momento”.

Mientras que la persecutora Pamela Lillo señaló que “a la fecha no han variado las condiciones por las que se decretó la medida cautelar”.

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